El próximo domingo 5 de enero, la comunidad ejidal de Chiquilá, junto con el anexo San Ángel, podría dar un paso decisivo en la situación jurídica de Ignacio Cáceres Correa, expresidente del comisariado ejidal.
Según auditorías realizadas, han salido a la luz irregularidades por más de 10 millones de pesos que no han sido comprobadas, así como contratos no documentados y la venta de terrenos sin la autorización de la asamblea de ejidatarios.
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Denuncias y hallazgos de las auditorías en Chiquilá
En noviembre de 2023, los ejidatarios comenzaron a denunciar una serie de anomalías relacionadas con la gestión de Cáceres Correa.
Posteriormente, el 14 de diciembre de 2024, se presentaron los resultados de una auditoría realizada por el despacho corporativo Altri, dirigido por César Augusto Cauich Baas. Entre los hallazgos destacados se encuentran:
- Falta de comprobación de recursos superiores a 10 millones de pesos.
- Contratos realizados sin documentación formal.
- Venta de terrenos sin la aprobación de la asamblea ejidal.
Cauich Baas también señaló que la ex directiva encabezada por Cáceres Correa obstaculizó el proceso de revisión al no proporcionar la documentación requerida.
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Asamblea decisiva
Jorge Ventura Arceo, actual presidente del comisariado ejidal, informó que la asamblea convocada para este domingo 5 de enero en la casa ejidal del puerto de Chiquilá será clave.
En esta reunión, los ejidatarios tienen previsto aprobar la presentación de una demanda por la vía penal en lugar de la agraria, ya que la primera suele ofrecer un proceso más ágil y con resultados más contundentes.
Importancia de la participación ejidal
Se ha hecho un llamado a todos los ejidatarios para asistir a esta asamblea, ya que los temas a tratar son de suma relevancia para el manejo y transparencia de los recursos comunitarios.
La decisión que se tome podría marcar un precedente significativo en la administración de los bienes ejidales.