Falta de avances en las investigaciones en OPB
A más de tres años de haberse presentado denuncias por presunto desfalco en la administración del exalcalde Otoniel Segovia Martínez, el síndico municipal de Othón P. Blanco (OPB), Omar Rodríguez Martínez, aseguró desconocer el estado actual de las investigaciones. Destacó que la responsabilidad de dar seguimiento a los casos recae en la Fiscalía Anticorrupción.
Rodríguez Martínez confirmó la existencia de denuncias contra exfuncionarios de la administración 2018-2021, aunque dijo no tener acceso a detalles como el número de expedientes o los delitos imputados.
"No tengo la cantidad exacta de denuncias. Esas carpetas de investigación se mandaron a la Fiscalía y estamos por consultar en qué estatus se encuentran. Pero hay que cuidar los procesos, pues la revelación de nombres podría entorpecer las investigaciones", declaró.
Exalcalde de OPB, sin amparo judicial
El pasado 4 de febrero, un juez de control negó un amparo al exedil Segovia Martínez, acusado de un presunto daño patrimonial por al menos ocho millones de pesos.
Durante su administración, la actual presidenta municipal de Othón P. Blanco ocupó el cargo de síndico.
Situación legal por definirse
El síndico municipal reconoció que, pese al tiempo transcurrido, la situación legal de los exservidores públicos involucrados aún no se ha definido.
Según la Ley de Responsabilidades Administrativas de Quintana Roo, los delitos contra la administración pública prescriben en un plazo de siete años.
"Llevamos más de tres años con este proceso. Falta preguntar a la Fiscalía cuál es su procedimiento y en qué estatus están las denuncias", señaló Rodríguez Martínez.
Al ser cuestionado sobre los detalles de las acusaciones, el funcionario afirmó que la Fiscalía solo ha proporcionado números de expediente y fechas de denuncia, sin especificar los delitos imputados.
Aseguró que existen más de tres denuncias, pero no precisó el número exacto de casos en proceso.
Decisión en manos de la Fiscalía Anticorrupción
Rodríguez Martínez enfatizó que ni el Ayuntamiento, ni la Sindicatura, ni la Contraloría Municipal tienen facultad para determinar el destino legal de los exfuncionarios denunciados, ya que el caso está completamente en manos de la Fiscalía Anticorrupción.
"Nosotros solo damos seguimiento. La investigación la realiza la Contraloría, pero una vez que tienen toda la información, la remite a la Fiscalía, que es la encargada de dar el procedimiento. No depende de nosotros decidir si un exfuncionario va a la cárcel o no", concluyó.