Retraso en entrega de Constancias de No Deudor Alimentario genera sospechas
Aspirantes a candidaturas del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado han denunciado que el Registro Civil de Quintana Roo retrasa deliberadamente la entrega de la Constancia de No Deudor Alimentario, un documento indispensable para su participación.
El plazo para la entrega de documentación vence el 24 de febrero.
Sin embargo, varios candidatos han sido notificados de que su constancia estará lista hasta el 3 de marzo; es decir, una semana después del cierre de la convocatoria.
Según los afectados, esto constituye una maniobra para excluir a ciertos participantes y favorecer a otros con respaldo oficial.
¿Te enteraste?
Acusaciones de favoritismo en el proceso electoral
"Este proceso es amañado. Se está beneficiando a unos con la entrega rápida de la constancia y dejando fuera a otros, a quienes se les otorgará hasta después del plazo. Las autoridades deben garantizar un proceso limpio y transparente", declaró un aspirante que solicitó permanecer en el anonimato.
Se ha denunciado que aspirantes afines al Gobierno recibieron información previa para gestionar su documento con anticipación.
Mientras tanto, otros, identificados como no alineados con la administración estatal, han enfrentado retrasos injustificados.
Esto ha generado inconformidad entre los participantes, quienes consideran que se está violando el principio de igualdad en el proceso electoral.
Registro Civil, bajo la lupa
El Registro Civil de Quintana Roo es dependiente de la Secretaría de Gobierno encabezada por Cristina Torres Gómez, también presidenta del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo.
Según los perjudicados, la institución interviene en el proceso para favorecer ciertos perfiles.
El Proceso Electoral Extraordinario inició con la publicación de su convocatoria el 14 de febrero y mantendrá abierta la recepción de documentos hasta el 24 de febrero.
Sin embargo, el retraso en la entrega de las constancias podría dejar fuera a varios aspirantes que no cuentan con el aval del Gobierno estatal.