La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo.
Así lo confirmó el consejero jurídico del Estado, Carlos Felipe Fuentes del Río.
Precisó que la CNDH ha presentado este recurso contra varios artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo.
La demanda, registrada con el expediente 29/2025, fue ingresada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 10 de febrero de 2025.
Puntos clave impugnados de la Ley de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo
La CNDH impugna específicamente los artículos 11 fracción XXXIII; 17 inciso A de la fracción XXX.
También, el 23 fracción XIII (en su porción normativa que permite la “intervención de comunicaciones privadas y localización geográfica en tiempo real”); así como los artículos 43, 44 y 45.
La controversia radica en que la ley otorga facultades a la Fiscalía Anticorrupción para intervenir comunicaciones privadas y realizar geolocalización en tiempo real sin orden judicial previa.
Según la CNDH, esto vulnera derechos fundamentales como la privacidad, la seguridad jurídica y el control judicial previo, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Argumento de inconstitucionalidad
La Comisión argumenta que el Congreso de Quintana Roo carece de competencia para legislar sobre el proceso penal.
Afirma que esta facultad corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión. Entre los puntos críticos que se señalan están:
- La autorización de intervención de comunicaciones por una autoridad no facultada constitucionalmente.
- El uso indiscriminado y desproporcionado de la localización geográfica en tiempo real de personas.
- La omisión de clasificar adecuadamente las faltas administrativas de los servidores públicos según su gravedad.
Respuesta del Gobierno estatal
Por su parte, Fuentes del Río defendió la constitucionalidad de la ley, asegurando que la intervención de comunicaciones y la geolocalización solo se realizan con autorización judicial.
“Lo que se busca es que la Fiscalía pueda solicitar estas técnicas de investigación dentro de sus facultades y con control judicial”, explicó.
Además, afirmó que el Gobierno estatal presentará un informe ante la SCJN para defender la validez de la normativa.
Recordó que la CNDH ha promovido acciones de inconstitucionalidad en el pasado contra leyes de Quintana Roo, algunas de las cuales han sido declaradas válidas por la SCJN, aunque también han existido fallos en contra del estado.
Contexto legal
Fuentes del Río mencionó antecedentes de impugnaciones, como la controversia constitucional promovida por el Gobierno federal anterior contra el Programa Territorial y Urbano de Tulum.
En ese caso, la SCJN determinó que el estado debía coordinarse con la Federación para emitir dicho ordenamiento, y la sentencia fue acatada.
La discusión sobre la constitucionalidad de la Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción estará ahora en manos de la Suprema Corte, que determinará si las disposiciones impugnadas se apegan o no a la Carta Magna.