El Tribunal de Enjuiciamiento de José María Morelos, bajo la dirección del juez Rodrigo Barrera Díaz, ha emitido la primera sentencia condenatoria por violencia digital en Quintana Roo.
Eduardo A.P.M. fue condenado a siete años y seis meses de prisión, además de una multa de 47,500 pesos y una reparación de daño moral de 280,000 pesos.
Su delito: la creación y difusión sin consentimiento de un video íntimo de su expareja, una joven estudiante maya, a través de redes sociales y medios electrónicos.
Primera sentencia por violencia digital en Quintana Roo
El proceso judicial, que comenzó tras la denuncia interpuesta en marzo de 2021, ha sido un largo camino para la víctima, quien contó con el acompañamiento de la colectiva Las Defensoras MX y la abogada Lizbeth Lugo, en colaboración con la Fiscalía General del Estado (FGE).
La sentencia representa un precedente histórico en el acceso a la justicia para las víctimas de violencia digital.
"Este caso, que ha tardado casi cuatro años en llegar a juicio, representa una victoria significativa para las mujeres víctimas de violencia digital... y la sentencia reconoce la gravedad de este tipo de violencia y la realidad de lo virtual", expresó la colectiva en un comunicado.
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Revictimización y obstáculos en el proceso judicial
A lo largo del juicio, la defensa del agresor utilizó estrategias dilatorias y discursos misóginos, revictimizando a la denunciante.
La demora en la resolución del caso pone en evidencia las barreras que las mujeres enfrentan para acceder a la justicia en situaciones de violencia digital.
Además del impacto psicológico causado por la difusión del video íntimo, la joven sufrió agresiones sociales y comunitarias en su entorno.
En un contexto de pueblos originarios como José María Morelos, el estigma y la discriminación la obligaron a desplazarse, agravando el daño ocasionado.
La necesidad de una reparación integral
Las Defensoras MX y la asesora legal Lizbeth Lugo enfatizaron que la justicia no solo debe castigar a los agresores, sino también garantizar la reconstrucción de la vida de las víctimas.
En Quintana Roo, desde la aprobación de la Ley de Violencia Digital Sexual en 2020, se han abierto más de 400 carpetas de investigación, pero esta es la primera que logra una sentencia condenatoria.
"Estamos muy felices, pues este caso marca un antes y un después en la lucha contra la violencia digital sexual en Quintana Roo.
Festejamos la valentía de la joven denunciante que enfrentó el proceso con mucha fortaleza a pesar de las dificultades", expresaron desde la colectiva.
Para finalizar, hicieron un llamado urgente a la FGE y a los Tribunales de Enjuiciamiento para que implementen planes efectivos de reparación integral con perspectiva de género y un enfoque transformador.