Los lancheros de las cooperativas turísticas de Puerto Juárez, en Quintana Roo, han alzado la voz ante el presunto desalojo de la zona donde resguardan sus embarcaciones desde hace más de ochenta años.
El área, que alberga 124 lanchas y se encuentra junto a la terminal de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), estaría en riesgo debido a los nuevos desarrollos proyectados por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Una franja histórica en disputa
Se trata de una franja costera de 120 metros que, antes de la llegada de los militares, ya era utilizada por los primeros lancheros que brindaban servicio hacia Isla Mujeres, transportando personas y mercancías. Ahora, el futuro de este espacio parece incierto.
Según los afectados, el proyecto en curso contempla la construcción de edificios y, posteriormente, un parque en el área de los arenales.
Esto podría perjudicar directamente a unas 600 familias que dependen de la actividad náutica.
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Un llamado urgente al diálogo
Los lancheros han solicitado una reunión con el comandante Fidel Mondragón Rivero, de la 34.ª Zona Militar.
Lo anterior, con la esperanza de llegar a un acuerdo antes del 13 de marzo, fecha establecida como ultimátum para el despojo.
La preocupación entre los trabajadores es evidente, especialmente tras dos meses de amenazas de desalojo y actos como el corte de los cabos de las embarcaciones, acciones que, aseguran, están penadas por la ley.
La Asociación de Náuticos de Quintana Roo, en representación de las cooperativas turísticas, había convocado a una conferencia de prensa para exponer el problema.
Sin embargo, minutos antes de comenzar, la conferencia fue suspendida, dejando a los afectados sin una plataforma inmediata para expresar su situación.
Incertidumbre para 600 familias
Con el tiempo en contra, los lancheros de Puerto Juárez se mantienen a la expectativa de lo que ocurra en la mesa de diálogo.
Su principal demanda es una solución viable que les permita continuar con su actividad y evitar un impacto negativo en los ingresos de cientos de familias que dependen del turismo náutico en la región.
El desenlace de este conflicto será clave para definir el futuro de estas familias y la preservación de una tradición que ha sido parte fundamental de la identidad de Puerto Juárez durante décadas.