Un conflicto en torno a la administración del agua
El reciente conflicto en el fraccionamiento Residencial Andara ha generado versiones encontradas entre autoridades, residentes y el empresario Sergio Zapata Vales.
Mientras que CAPA tomó posesión de la red hidráulica argumentando la necesidad de garantizar el derecho al agua potable, Zapata Vales denuncia que la acción fue ilegal y sin orden judicial.
Los vecinos, por su parte, celebran la medida tras años de denuncias por cobros excesivos y falta de transparencia en la administración del servicio.
Residencial Andara: versión del empresario
El empresario Sergio Zapata Vales denunció que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) tomó posesión de la red de agua purificada y drenaje del fraccionamiento Residencial Andara, en la capital del estado, sin contar con una orden judicial.
Según su declaración, elementos de la policía actuaron a solicitud de la Dirección Jurídica de CAPA y aseguraron las instalaciones de manera arbitraria.
“El director jurídico de CAPA instruyó mi detención sin mostrarme una orden. Me sacaron de mi propiedad y tomaron las instalaciones de manera irregular”, afirmó Zapata Vales.
El empresario advirtió que esta acción podría afectar a más de 400 familias del fraccionamiento, ya que el sistema de agua potable de CAPA ahora está conectado con el que operaba su empresa, lo que podría generar una disminución en la calidad del agua y riesgos sanitarios debido a la desconexión de equipos de drenaje.
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La acción garantiza el derecho al agua: autoridades y vecinos
Por otro lado, distintas versiones señalan que la intervención de CAPA responde a la ejecución de una resolución en favor de los vecinos del fraccionamiento, quienes mantenían una demanda contra Zapata Vales por presuntos cobros excesivos en el servicio de agua potable.
De acuerdo con testigos, el empresario opuso resistencia al ingreso de las autoridades estatales, lo que derivó en su detención por parte de elementos de seguridad. Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial sobre los cargos que enfrenta.
Cabe recordar que los residentes han denunciado en múltiples ocasiones que la administración privada del servicio ha resultado en tarifas elevadas y condiciones desventajosas.
La exigencia de los colonos ha sido que CAPA tome control de la infraestructura para garantizar un suministro regulado y tarifas justas.
Perspectiva en desarrollo
El conflicto entre el empresario, los residentes y CAPA sigue en evolución. A medida que se emitan declaraciones oficiales y se presenten pruebas documentales, se podrá esclarecer si la ocupación de la infraestructura fue una medida legalmente respaldada o si, como denuncia Zapata Vales, se trata de una acción arbitraria.