Continúa conflicto por construcción en la laguna de Bacalar
A solo 12 horas de la protesta de habitantes y turistas de Bacalar contra la obra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), los trabajos en la zona se reanudaron, generando una mayor indignación entre la comunidad.
Los manifestantes exigen la cancelación del proyecto debido a la falta de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y los daños irreversibles que aseguran que se han causado al ecosistema lagunar.

Resistencia ciudadana y acciones legales
Ante la falta de respuesta de las autoridades, los habitantes han decidido abrir dos frentes de lucha: iniciarán procesos de amparo y han convocado a una nueva manifestación este 22 de marzo, en el marco del Día Mundial del Agua.
Mientras tanto, la construcción avanza rápidamente. Entre las obras ya realizadas destaca la edificación de una barda de cuatro metros de altura que bloquea la vista de la laguna, lo que los manifestantes consideran un abuso de poder por parte de las fuerzas armadas.
Desde hace semanas, maquinaria pesada de la Sedena trabaja en un predio ubicado en una de las zonas más emblemáticas de Bacalar.
Según los inconformes, la obra progresa sin aviso previo ni estudios ambientales, poniendo en riesgo el frágil ecosistema de la Laguna de los Siete Colores.
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🚨🌿 Ciudadanos de #Bacalar se manifiestan pacíficamente para exigir la suspensión de las obras en la "base de los marinos", realizadas por la @SEDENAmx.
— 24HorasQRoo (@24HorasQR) March 19, 2025
Denuncian posibles daños irreversibles a la laguna.💧 pic.twitter.com/x6mPy9PF1C
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Preocupación de la comunidad
El empresario italiano y residente de Bacalar, Sandro Ciccarelli, organizador de la protesta, manifestó su preocupación por el impacto ambiental y cultural de la construcción.
"Bacalar nos ha dado mucho, y ahora es momento de defenderlo. Se han compactado cerca de tres mil metros cuadrados en la orilla de la laguna, generando un daño irreparable", denunció. "No permitiríamos algo así junto al Coliseo de Roma o las pirámides de Chichén Itzá; no debería permitirse aquí".
Por su parte, María de Jesús Rodríguez, presidenta de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Bacalar, calificó la situación como un "ecocidio y una afrenta a nuestra identidad y riqueza natural".

Irregularidades en el proceso
El ingeniero ambiental José Roch señaló que cualquier obra en la zona costera de la laguna requiere una MIA conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Además, por su magnitud, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debería haber hecho público el proyecto para que la ciudadanía pudiera opinar al respecto. Hasta el momento, esto no ha sucedido.
El artículo 28 de la LGEEPA establece que cualquier proyecto con posible impacto ecológico grave debe ser evaluado por Semarnat, mientras que el artículo 34 indica que la información debe ser accesible para la ciudadanía, lo que no ha ocurrido en este caso.
Posible afectación al patrimonio cultural de Bacalar
Además del impacto ambiental, los manifestantes alertan sobre el posible daño al patrimonio histórico de Bacalar. El Fuerte de San Felipe, construido en 1725 y considerado monumento nacional, podría verse afectado. De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, cualquier obra cercana a un patrimonio debe contar con la aprobación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), lo que hasta el momento no se ha confirmado.
La comunidad de Bacalar sigue en pie de lucha, exigiendo transparencia y respeto por el medio ambiente y su identidad histórica.