La producción de chicle natural en México enfrenta una grave amenaza: la excesiva regulación. A pesar de ser una actividad sostenible que impulsa la economía de comunidades rurales, la burocracia impide su desarrollo continuo, denunció Manuel Aldrete Terrazas, director general de Chicza.
Un producto sustentable con obstáculos normativos
El chicle se obtiene del árbol de chicozapote sin necesidad de talarlo, a diferencia de la explotación maderera.
Sin embargo, la normativa actual lo equipara con la extracción de madera, imponiendo los mismos requisitos y retrasando la obtención de permisos forestales.
Esta situación ha provocado una caída del 70 % en la producción en los últimos 20 años, reduciendo las exportaciones de 300 a solo 30-50 toneladas anuales.
Intentos de solución y trabas burocráticas
En enero pasado, la intervención de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, permitió una reunión con la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra.
Se acordó iniciar estudios para justificar la explotación del chicle sin trabas regulatorias, pero los avances han sido lentos.
Uno de los principales problemas es la falta de agilidad en la emisión de permisos. Actualmente, los productores deben tramitar autorizaciones anuales con un cierre fiscal en diciembre, lo que interrumpe la producción y exportación, ya que el ciclo natural del chicle inicia con las lluvias de julio y se extiende hasta junio.
Además, la plataforma digital de la Semarnat para gestionar estos permisos es obsoleta y requiere mejoras urgentes.
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El turismo y la tala del chicozapote
Otro factor que pone en riesgo la producción de chicle es el crecimiento del turismo en Quintana Roo. La madera del chicozapote es altamente demandada para la construcción de hoteles debido a su resistencia y atractivo estético.
En 2025 se prevé la expansión de aproximadamente 4,000 cuartos adicionales en la región, lo que incentiva la tala de estos árboles. Para muchos ejidos, vender la madera resulta más rentable que conservar árboles cuyo aprovechamiento está restringido por regulaciones burocráticas.
Urgencia de cambios legislativos
Los productores han solicitado modificaciones en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Su artículo 97, fracción III, establece que los recursos no maderables solo requieren un aviso por escrito para su aprovechamiento.
No obstante, regulaciones secundarias han impuesto requisitos adicionales, generando contradicciones legales y favoreciendo la sobrerregulación.
Se ha propuesto una mesa de negociación para eliminar trabas innecesarias y agilizar los permisos conforme al ciclo natural del chicle.
A nivel estatal, el gobierno de Quintana Roo ha ofrecido apoyo jurídico para acelerar los cambios legales, aunque aún falta que estas modificaciones sean prioridad en la agenda gubernamental.
A pesar de los desafíos, en diciembre de 2024 el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó la Indicación Geográfica de Protección (IGP) al Chicle Maya de Quintana Roo y Campeche.
Este reconocimiento es un acto de justicia social para las comunidades chicleras, pero aún falta que se traduzca en beneficios concretos para el sector.