A partir del 17 de junio, cada empleador en Quintana Roo deberá cumplir con la Ley Silla, una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que exige proporcionar mobiliario adecuado a los trabajadores durante su jornada laboral.
Esta medida busca proteger la salud de los empleados y garantizar condiciones laborales dignas.
Operativos de verificación y sanciones
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado (STyPS), encabezada por Verónica Salinas Mozo, anunció la implementación de operativos de verificación para asegurar el cumplimiento de la norma.
Los empleadores que no proporcionen sillas con respaldo o nieguen el derecho al descanso enfrentarán sanciones económicas que pueden alcanzar hasta 542 mil pesos.
Las multas oscilarán entre 50 y cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un rango de 5,428 a 542,000 pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y los derechos laborales vulnerados.
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Objetivo y alcance de la Ley Silla
La Ley Silla, aprobada en diciembre de 2024, está dirigida principalmente a los sectores de comercio, servicios y turismo, donde los empleados suelen permanecer de pie por largos periodos.
Su propósito es prevenir problemas de salud como fatiga, dolor muscular y trastornos circulatorios, además de mejorar la productividad y el bienestar de los trabajadores.
Puntos clave de la reforma
- Obliga a los empleadores a proporcionar sillas con respaldo en un área específica.
- Se prohíbe que los trabajadores permanezcan de pie durante toda la jornada laboral.
- El tiempo y uso de estas sillas será regulado por los reglamentos internos de trabajo.
- En el sector industrial, la norma aplicará solo cuando la naturaleza del trabajo lo permita.
Revisión y cumplimiento
La STyPS llevará a cabo inspecciones en diversos establecimientos para verificar que se cumpla con la disposición.
La titular de la dependencia exhortó a los empleadores a realizar las adecuaciones necesarias antes de la fecha límite para evitar sanciones y garantizar condiciones laborales justas para sus trabajadores.
En países como Chile, Argentina y España, regulaciones similares han estado en vigor desde el siglo XX, contribuyendo a mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de los empleados.