Le pisan los pasos a exalcaldesa de Puerto Morelos
El próximo 29 de abril se determinará si se mantiene una suspensión provisional para evitar su aprehensión o si se reactiva la orden de arresto por presuntos actos de corrupción de la expresidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña.
La excandidata a gobernadora logró la medida judicial, luego de que realizara un depósito de 127 mil pesos como garantía, lo que activó la protección temporal ante cualquier intento de aprehensión por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo.
El caso está vinculado con su gestión como alcaldesa en Puerto Morelos, en el periodo de 2016 a 2021, cuando presuntamente habría incurrido en irregularidades administrativas y en un presunto desvío de recursos públicos por más de 78 millones de pesos.
En caso de avanzar el proceso penal y comprobarse el delito, la pena podría incluir prisión y la obligación de resarcir el daño patrimonial. ¿Será?
Desconectan cámaras de vigilancia… ¡de la delincuencia!
Durante una conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Julio César Gómez Torres, dio a conocer la desarticulación de más de 70 cámaras de videovigilancia, en al menos cuatro municipios del estado, las cuales eran utilizadas por la delincuencia organizada para monitorear los movimientos de las autoridades.
En Chetumal, al menos en dos domicilios que fueron cateados, los oficiales encontraron estos equipos empleados por la delincuencia organizada.
De igual forma fueron ubicadas cámaras en Felipe Carrillo Puerto; en la entrada de las invasiones San Judas Tadeo y Sagrado Corazón, en Playa del Carmen; en la colonia Santa Cecilia, en Benito Juárez; y en Mahahual.
Gómez Torres enfatizó que no está permitido instalar una cámara “parásita” en postes de luz, árboles y semáforos, e incluso en alguna base que no sea un domicilio particular. ¿Será?
Proponen que la Agepro pase a Sefiplan
Entre las diversas iniciativas que fueron presentadas ayer en el Pleno de la XVIII Legislatura, sobresale el cambio de la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro) para que dependa de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo (Sefiplan); su justificación es que el traslado de la coordinación va a facilitar la gestión más efectiva de los proyectos de la Asociación Público Privada.
Para esta iniciativa habría que reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y de la Ley del Patrimonio del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Jorge Arturo Sanén Cervantes y el Grupo Legislativo del Movimiento Regeneración Nacional.
Por cierto, Sanén Cervantes es uno de los que aspira a quedarse con la candidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez, aunque la iniciativa que presentó no le reditúa bonos políticos, pero sí le da presencia para permanecer visible para las encuestas. ¿Será?