Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún).
Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. Credit: Especial

El Gobierno municipal de Benito Juárez aclaró que las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la cuenta pública 2023 no implican desvío de recursos, sino que forman parte de un proceso de revisión documental, informó la presidenta municipal, Ana Paty Peralta de la Peña.

La alcaldesa detalló que el monto observado por la ASF asciende a 306.6 millones de pesos, de los cuales 291.5 millones corresponden a un contrato de concesión de alumbrado público, heredado de administraciones anteriores, incluida la de la actual gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa.

Documentación en regla y respuesta puntual a la ASF

La alcaldesa enfatizó que todo el recurso fue ejercido conforme a la ley y que existe documentación que respalda cada gasto, tanto del área de alumbrado público como de la Oficialía Mayor.

“Esto tiene que ver con una revisión de la información, no quiere decir que no se haya ejecutado o ejercido el recurso como debe ser. Al contrario, se cuenta con toda la documentación”, afirmó Peralta de la Peña.

Asimismo, destacó que las observaciones forman parte del procedimiento regular de fiscalización, y que el gobierno municipal ya ha dado respuesta oportuna a los requerimientos de la ASF.

De hecho, el contralor municipal viajó esta semana a la Ciudad de México para entregar personalmente los documentos solicitados.

Transparencia y compromiso con la rendición de cuentas

Peralta de la Peña reconoció la importancia de los procesos de auditoría federal y subrayó que Benito Juárez es el primer municipio en responder de manera puntual y transparente a este tipo de revisiones.

“Se escucha muy fuerte el monto cuando hablamos de más de 306 millones de pesos, pero es importante aclarar que no se trata de una sanción ni de un desvío, sino de una solicitud de información sobre temas específicos”, reiteró la presidenta municipal.

Con estas acciones, el Gobierno de Benito Juárez reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la buena administración de los recursos públicos.