México vive en 2025 un punto de inflexión histórico. La reciente reforma al Poder Judicial ha trastocado uno de los pilares —hasta ahora herméticos— de nuestra arquitectura constitucional: la designación de quienes imparten justicia. Por primera vez, las personas juzgadoras, magistraturas y ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán electos por voto popular. El proceso electoral judicial que se avecina es inédito y al mismo tiempo profundamente disruptivo.

Esta transformación no es menor. Implica un giro de paradigma: pasar de un modelo sumamente técnico al que tenían acceso un grupo muy reducido de togados de alto rango, a otro en el que el sufragio será el origen del mandato judicial, y por ende, de aquellas y aquellos que lo ejecutan. Quienes aspiren a interpretar la Constitución, resolver conflictos electorales o impartir justicia federal o local deberán ahora convencer, no a órganos colegiados ni a cúpulas políticas, sino a la ciudadanía misma.

El desafío es doble. Por un lado, está la urgencia de garantizar procesos de selección transparentes, con reglas claras y equitativas, que permitan a las y los aspirantes demostrar su idoneidad sin caer en el espectáculo o la banalización del discurso jurídico. Por el otro, está la responsabilidad de una ciudadanía que, hasta ahora, no había tenido la alta prerrogativa de conocer, valorar y elegir a quienes decidirán sobre los derechos más fundamentales.

El Proceso Electoral Judicial 2025 será, en este contexto, una prueba de fuego. No sólo se trata de organizar elecciones para nuevos cargos judiciales, sino de inaugurar una etapa en la que el Poder Judicial tendrá que rendir cuentas frente a las urnas, sin perder su independencia. La tensión entre legitimidad democrática y autonomía técnica estará en el centro de todas las miradas.

Estamos, en suma, ante una reforma que marca época. Su éxito o fracaso no dependerá únicamente del diseño institucional, sino de la madurez con la que la sociedad, las y los actores políticos y las y los operadores jurídicos asuman el reto. La justicia, por primera vez, entra al terreno electoral. Y en ello, se juega tanto su imparcialidad, como su consolidación.

Nos adentramos a un territorio desconocido, sí, pero profundamente democrático. Apostar por que el pueblo elija a quienes imparten justicia es una muestra de confianza en la madurez ciudadana y en la capacidad del país para refundar instituciones sobre las que se fundamenta la República. No será un camino fácil ni exento de retos, pero pocas democracias se atreven a cuestionar sus cimientos para acercar el poder a las y los votantes. 

Este proceso redefine cómo se nombra a jueces y magistrados y a la vez redibuja el vínculo entre justicia y ciudadanía. Y en esa osadía, usted y yo, estaremos en el centro siendo protagonistas de esta trascendente página de la historia. La generación de mexicanos que sobrevivió a una mortal pandemia, habremos llegado hasta aquí, para tomar las riendas de nuestro futuro a bordo de un país totalmente nuevo y refundado. 

De ese tamaño es nuestro poder al momento de marcar las boletas turquesa, morada, azul, naranja, rosa y amarilla, este próximo 1 de junio.