Se dan a conocer sentencias a favor de la FGE.
la FGE obtuvo importantes sentencias contra varios individuos. Credit: Especial

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo logró que jueces dictaran sentencias de entre 31 y 43 años de prisión contra cuatro sujetos acusados de desaparición de personas cometida por particulares en hechos registrados en Felipe Carrillo Puerto y Puerto Morelos.

Sentencias firmes tras audiencias y pruebas sólidas

En tres audiencias separadas, los jueces emitieron las siguientes condenas:

  • Pedro Nahin Esquivel: 43 años y 9 meses de prisión. Además, deberá pagar 726 mil 180 pesos de multa y 150 mil pesos por reparación del daño.
  • José de Jesús Suaste Hidalgo, alias "Chepe": 37 años y 6 meses de cárcel, multa de 622 mil 440 pesos y 20 mil pesos por reparación del daño.
  • Martín Hernández Hernández y Marcos Márquez Javier: 31 años y 6 meses de prisión para cada uno, más una multa de 448 mil 100 pesos.

Estos resultados son producto de las investigaciones que vincularon a los acusados con delitos de desaparición ligados a actividades criminales de alto impacto.

Detalles de los casos que estremecieron a la región

Cada uno de los hechos refleja la gravedad de las acciones cometidas:

  • En el caso de Pedro Nahin, la víctima fue golpeada, amenazada y privada de su libertad en la colonia Rafael Melgar; días después fue encontrado sin vida.
  • José de Jesús Suaste participó en la desaparición forzada de un hombre en un local comercial en la colonia Jesús Martínez Ross. Su paradero sigue sin conocerse.
  • Martín Hernández y Marcos Márquez participaron en la desaparición de dos trabajadores de la construcción en Puerto Morelos, ambos sin rastro hasta hoy.

La FGE refuerza su compromiso en la lucha contra el crimen

Con estas sentencias, la Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de aplicar justicia en los casos de desaparición de personas, una problemática que afecta profundamente a las comunidades y que exige una respuesta firme de las autoridades.

Finalmente, la colaboración entre instituciones, la evidencia contundente y el seguimiento judicial riguroso fueron claves para obtener estos resultados que fortalecen la seguridad y el estado de derecho en Quintana Roo.