La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura total definitiva del recinto Dolphinaris Barceló, operado por Acuario Arrecifal, S.A. de C.V., debido a graves irregularidades en el manejo de ejemplares de vida silvestre, especialmente delfines.

La sanción incluye una multa de $7,526,240 y la colocación de sellos visibles de clausura.

Siete irregularidades detectadas por Profepa

Durante una inspección realizada como parte de un procedimiento administrativo iniciado en febrero de 2025, se identificaron las siguientes violaciones a la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) y a la norma oficial mexicana NOM-135-Semarnat:

  1. Maltrato a los ejemplares: Se documentaron prácticas que comprometieron el bienestar de los delfines durante sesiones interactivas.
  2. Omisión de reporte de un accidente: En noviembre de 2020, el delfín "Mincho" se golpeó con una plancha de concreto durante una acrobacia. El hecho no fue reportado a las autoridades como lo exige la ley.
  3. Acrobacias sin autorización: Se realizaron espectáculos no contemplados en el plan de manejo aprobado por Semarnat.
  4. Delfines enfermos en actividades: Mincho volvió a participar en actividades dos días después del accidente, pese a que contaba con incapacidad médica de 15 días.
  5. Exceso de participantes en interacciones: Se excedieron los límites de personas autorizadas en los programas interactivos.
  6. Falta de evaluaciones médicas periódicas: No se realizaron controles mensuales y semestrales del estado de salud de Mincho.
  7. Temperaturas inadecuadas en el agua: Se detectaron registros superiores a los 27°C, en contra de la normativa de bienestar animal.

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El caso de Mincho: Profepa presenta denuncia penal

Mincho, el delfín protagonista del video difundido en redes en enero de 2025, sufrió el accidente en 2020 y sobrevivió. Actualmente, tiene 35 años y permanece en otro delfinario.

A pesar de presentar queratitis crónica en ambos ojos, conserva el 60 % de visión en uno y ya no participa en actividades de alto impacto.

Por estos hechos, Profepa presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, con base en el artículo 420 del Código Penal Federal, que sanciona con hasta nueve años de prisión a quien dañe a un mamífero marino.

“Toda instalación que maneja mamíferos marinos debe cumplir con las obligaciones legales. Nuestro compromiso es claro: proteger el bienestar de los ejemplares de vida silvestre en cautiverio”, enfatizó Mariana Boy Tamborrell, titular de la Profepa.