A pesar de que socios conductores de Uber en Quintana Roo han presentado más de 500 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por agresiones cometidas por taxistas, el gobierno estatal ha revocado apenas 12 concesiones de transporte público en los últimos dos años.
Esto representa un promedio de solo 7.08 expedientes por mes, en contraste con la magnitud del problema.
Dominio sindical: más de 20 mil taxis en operación
La situación se agrava si se considera que más de 20 mil taxis operan actualmente en la entidad, distribuidos entre 14 sindicatos.
Tan solo el Sindicato de Taxistas "Andrés Quintana Roo", con sede en Cancún, opera alrededor de 12 mil unidades, lo que lo convierte en el más grande del país. Le sigue el gremio de Playa del Carmen, “Lázaro Cárdenas del Río”, con más de 7 mil vehículos.
Reforma legal sin resultados contundentes
La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, afirmó que las recientes reformas al Código Penal y a la Ley de Movilidad han permitido sancionar con mayor severidad estas agresiones, incluso persiguiéndolas de oficio.
No obstante, organizaciones ciudadanas y representantes de plataformas digitales cuestionan los resultados y advierten que los avances son mínimos frente a la magnitud del conflicto.
“Ya hemos revocado varias concesiones… pero cuando se vulnera la legalidad y se comete un ilícito, la autoridad tiene que actuar”, dijo Torres Gómez, señalando que 170 casos aún se encuentran bajo investigación por la FGE.
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Agresiones desde 2016: amenazas, golpes y daños a vehículos
La vocera de los conductores de Uber en Cancún, Águeda Esperilla Soto, denunció que muchas de las más de 500 denuncias presentadas no han sido atendidas, algunas incluso desde 2016, cuando Uber comenzó a operar en el estado.
Las agresiones incluyen amenazas, golpes e incluso destrucción de vehículos, en ocasiones con turistas a bordo.
Aunque Esperilla Soto reconoce que las agresiones han disminuido tras un convenio firmado en diciembre de 2023 entre la plataforma y el sindicato de Cancún, los altercados continúan.
Un ejemplo reciente ocurrió en enero de 2025, cuando turistas peruanos fueron amenazados por un taxista al negarse a abordar su unidad y optar por un Uber.
🤔De nueva cuenta fueron exhibidos en redes sociales taxistas de Puerto Morelos. Esta vez intentan obligar a un grupo de turistas cancelar un servicio de Uber. Al mismo tiempo intimidan y amenazan a los visitantes y al chofer de la plataforma digital. 🚖 😡
— 24HorasQRoo (@24HorasQR) December 16, 2024
📹 Cortesía pic.twitter.com/V7ByWVIvw6
Violencia mediática y falta de sanciones efectivas
Casos como el ataque a turistas estadounidenses en febrero de 2023, el bloqueo de la zona hotelera de Cancún en enero del mismo año, y la golpiza a un conductor de plataforma en Playa del Carmen en 2022, siguen sin consecuencias significativas.
Estos hechos han sido ampliamente difundidos en redes sociales y medios nacionales, generando preocupación sobre la falta de acción por parte de las autoridades.
Revisión de concesiones, promesa pendiente
Las concesiones revocadas están actualmente bajo resguardo del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) y serán sometidas a evaluación técnica por parte de la Comisión de Movilidad del Congreso local.
Según Torres Gómez, existe una larga lista de ciudadanos en espera de concesiones, pero su reasignación dependerá de estudios técnicos de movilidad.
“Algunas zonas ya están saturadas, mientras que otras sí requieren más unidades para mejorar el servicio”, detalló.
Gobierno promete legalidad, pero Uber exige justicia
El gobierno estatal ha reiterado su compromiso con el orden y la legalidad en el transporte público, pero los conductores de Uber insisten en que la impunidad persiste.
La brecha entre el número de denuncias y las sanciones efectivas refleja un problema estructural que sigue sin resolverse.