Genaro García Luna y su esposa contra las cuerdas.
El ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna y su esposa deberá pagar al gobierno de México. Credit: Alfredo Estrella / AFP

Una corte civil en Miami, Florida, determinó que Genaro García Luna y su esposa, Cristina Pereyra, deberán pagar más de 16 mil millones de pesos al Gobierno de México.

Asimismo, este fallo responde a una demanda presentada por el Estado mexicano por desvío de recursos públicos.

Los cuales fueron durante el periodo en que García Luna fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

La esposa de Genaro García Luna.

Genaro García Luna y su esposa enfrentan fallo por daño al erario

Además, el ex funcionario y su pareja fueron encontrados responsables de actos de corrupción que derivaron en un daño económico al país.

Según la resolución judicial, Genaro García Luna deberá pagar 748 millones de dólares, mientras que su esposa Cristina Pereyra fue sancionada con un pago de 1,740 millones de dólares.

También las autoridades mexicanas aseguran que estos recursos se desviaron mediante una compleja red de empresas fachada, algunas de ellas registradas en paraísos fiscales.

La UIF revela cómo operó la red de corrupción

Asimismo, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, presentó en 2023 un informe donde se expuso que García Luna tejió una red de corrupción para desviar recursos públicos hacia el extranjero.

Se identificaron al menos 40 contratos asignados a empresas ligadas al ex funcionario, con los que se habrían sustraído casi 746 millones de dólares del presupuesto público.

Estos recursos terminaron en cuentas en Barbados y bienes en Florida.

Un proceso civil independiente del juicio penal en EU

Además, el Gobierno de México presentó la demanda civil en septiembre de 2021, buscando la recuperación de activos.

Asimismo, esta acción es independiente del juicio penal que enfrenta Genaro García Luna en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

La UIF confirmó que se tienen registros detallados de las transferencias.

Finalmente expuso que incluso se han identificado propiedades específicas que podrían ser incautadas como parte del resarcimiento al Estado mexicano.