Regulación de mototaxis en Quintana Roo
El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) anunció que en las próximas dos semanas iniciará la entrega de placas a mototaxis registrados en el censo realizado el año pasado.
Esta medida forma parte del proceso de regulación del servicio en todo el estado.
De acuerdo con Rafael Hernández Kotasek, titular de Imoveqroo, la entrega de placas irá acompañada de una serie de reglas de operación, como la delimitación de zonas, establecimiento de tarifas oficiales, uso obligatorio de uniformes y licencia especial para mototaxistas.
¿Dónde comenzará la regularización?
Actualmente circulan alrededor de 11 mil mototaxis en Quintana Roo, y cerca de 7 mil unidades operan en los municipios de Benito Juárez y Playa del Carmen. Estas serán las primeras zonas donde se implementará el ordenamiento.
“Cuando se entreguen los permisos, se especificará la zona de operación, el rango de tarifas al que deberán ajustarse, además de requisitos como portar uniforme y contar con una licencia específica”, explicó Hernández Kotasek.
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Mototaxis como herramienta de autoempleo
Una de las principales condiciones para obtener las placas es que los permisos solo se otorgarán a propietarios individuales como esquema de autoempleo. Quedarán excluidas las flotillas o sindicatos que pretendan acaparar el servicio.
“El mototaxi está diseñado para ser una herramienta de autoempleo, no para empresas o personas morales con decenas de unidades".
"Vamos a reunirnos con los operadores para explicarles el proceso y posteriormente expedir los permisos. Esa es la razón por la cual hoy no tienen placas”, aclaró el funcionario.
De alternativa social a crisis de informalidad
El servicio de mototaxis surgió hace más de una década en Cancún como una alternativa económica impulsada por personas con discapacidad para generar ingresos familiares. Sin embargo, en los últimos años, el sector enfrenta una grave crisis marcada por la informalidad, inseguridad y falta de regulación tarifaria.
Los operadores originales denuncian haber sido desplazados por grandes flotillas, muchas veces vinculadas a grupos organizados, que han tomado el control de las rutas, imponen tarifas elevadas y limitan la competencia justa.
También reportan ser víctimas de hostigamiento y discriminación, lo que les impide trabajar en condiciones de equidad.