La tensión entre colectivos de víctimas y legisladores del Congreso del Estado continúa creciendo. A raíz de una protesta realizada el pasado martes por organizaciones civiles durante una conferencia de prensa de Morena, el diputado Jorge Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), lamentó que las causas de las víctimas se utilicen con fines políticos.
“No se nos han acercado directamente, pero tengo entendido que han sido recibidas por varias instituciones. Quizá no quedaron conformes o quizá hay personajes que se cuelgan de cuestiones políticas manipulando a la gente, y eso no se vale”, declaró el legislador en entrevista.
El Congreso afirma apertura; colectivos denuncian lo contrario
Pese a que Sanén Cervantes reiteró su disposición al diálogo e invitó a los colectivos a acercarse a las instancias correspondientes, activistas como Ariadne Song Anguas, de la Red de Víctimas Quintanarroenses, y María Patrón Pat, de Madres Buscadoras de Quintana Roo, aseguran que han sido ignoradas.
Este miércoles, ambas acudieron a la sede legislativa en Cancún para entregar documentación sobre perfiles de jueces y magistrados candidatos al Poder Judicial, quienes —según los colectivos— cuentan con antecedentes penales o señalamientos por corrupción.
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Activistas: “No hay nadie, pero el horario dice que atienden”
Al llegar a la sede del Congreso, las activistas denunciaron la ausencia total de legisladores, pese a que el horario oficial establece atención de lunes a miércoles, de 9 a 17 horas.
“Nos encontramos aquí afuera de sus oficinas de Cancún. No hay nadie. En Chetumal tampoco hemos podido acercarnos, está lleno de vallas que impiden el acceso”, reclamó Song Anguas.
Ambas afirmaron que no se retirarían hasta ser escuchadas. “Es su responsabilidad conocer estos antecedentes y no ignorar a las víctimas”, subrayaron. Finalmente, menos de media hora después, personal de la oficina del Congreso recibió el documento.
Designaciones judiciales bajo la lupa ciudadana
La documentación entregada por los colectivos incluye los nombres de candidatos al Poder Judicial que, aseguran, no cumplen con los requisitos legales ni éticos para ocupar el cargo.
El objetivo es frenar designaciones que consideran inadecuadas y exigir un proceso transparente.