Con la entrada en vigor de la ley seca en Quintana Roo, a partir de la noche del sábado 31 de mayo, Cancún ha sido testigo de un repunte en la venta clandestina de bebidas alcohólicas, especialmente en colonias populares y redes sociales.
Esta medida, implementada con motivo de las elecciones judiciales, provocó el cierre de tiendas, supermercados y expendios que comercializan alcohol.
Mercado negro crece en redes y domicilios particulares
A pesar del objetivo de la ley seca —garantizar una jornada electoral pacífica y sin incidentes—, la prohibición ha derivado en una alta demanda en canales informales, donde los precios se han disparado.
De acuerdo con un reporte de Quadratín, un paquete de seis cervezas Corona se llegó a ofrecer en hasta 230 pesos, mientras que uno de Cuauhtémoc Moctezuma alcanzó los 170 pesos.
Estas ventas se realizan de forma discreta, pero sostenida, principalmente en grupos digitales de compraventa y a través de domicilios particulares, donde el anonimato facilita la evasión de controles.
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Comercios formales reportan pérdidas; autoridades reconocen limitaciones
Mientras los comercios establecidos acatan la normativa y reportan pérdidas económicas significativas, los vendedores informales han capitalizado la situación, generando ingresos en un contexto donde la legalidad queda en segundo plano.
Por su parte, autoridades locales han anunciado operativos para detectar y sancionar la venta ilegal de alcohol, aunque reconocen las dificultades para frenar la rápida movilización y el carácter disperso de los puntos de venta clandestinos.
Una problemática recurrente en cada proceso electoral
Este fenómeno no es nuevo. Durante cada proceso electoral en México, las restricciones temporales como la ley seca tienden a detonar mercados paralelos, afectando tanto a consumidores como a comerciantes formales.
Aunque la intención es preservar el orden público, los vacíos en la implementación y vigilancia de la normativa evidencian retos persistentes para las autoridades.