La gobernadora Mara Lezama Espinosa dejó claro que no se buscará otra empresa privada para reemplazar a Aguakan. En cambio, se trabaja en coordinación con el Gobierno Federal y Banobras para que un organismo público asuma la responsabilidad de brindar este servicio esencial. Así lo dio a conocer durante el arranque de la Estrategia Nacional de Limpieza de Playas y Costas 2025-2030.
Lejos de ceder ante las presiones de intereses privados, aseguró categoricamente que no se buscará otra empresa privada para reemplazar a Aguakan.
El mensaje fue claro: "no habrá empresa; no estamos buscando una empresa, no se ha buscado nunca".
No más abusos disfrazados de “inversión privada”.
La transición hacia una gestión pública del servicio de agua no será sencilla, pero es un paso necesario para garantizar el acceso equitativo y de calidad a este recurso.
La colaboración entre el gobierno estatal, el federal y las instituciones financieras como Banobras será clave para lograr una transición exitosa.
La presidenta Claudia Sheinbaum también ha expresado su apoyo a la revocación de la concesión de Aguakan, enfatizando que el agua es un derecho humano.
Es una lucha contra la corrupción, la desigualdad y el despojo disfrazado de concesión. Y es una apuesta por el futuro, un Quintana Roo donde el agua sea para todos, no solo para quienes pueden pagar tarifas injustas.
Es importante recordar que en una consulta pública realizada en 2021, la mayoría de los ciudadanos votó por terminar la concesión de Aguakan. Este mandato popular no puede ser ignorado.
Aguakan ha manifestado su disposición a concluir anticipadamente la concesión, siempre que se le otorgue una indemnización justa. Sin embargo, cualquier negociación debe priorizar los intereses del pueblo y garantizar que no se repitan los errores del pasado.
Recordemos que durante años, los ciudadanos de Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos hemos sufrido el mal servicio de Aguakan. Esta empresa privada que desde 1993 tiene la concesión del agua potable y alcantarillado en la región, ha sido sinónimo de abusos, negligencia y desprecio por la salud y el bienestar de la población. Cobros excesivos, cortes injustificados, fugas interminables, agua de dudosa calidad y una atención al cliente deficiente han sido la constante. A esto se suma la contaminación del manto freático con bacterias como E.coli, lo cual representa un grave riesgo para la salud pública y el medio ambiente.
Ante esta situación, la gobernadora Mara Lezama ha tomado una postura firme y valiente: revocar la concesión de Aguakan y devolver el control del agua al pueblo. Con el respaldo del Congreso local, se aprobó el Decreto 195 en diciembre de 2023 que anuló la prórroga de la concesión hasta 2053 otorgada en 2014 por el entonces gobernador Roberto Borge, hoy preso por corrupción. Un juez federal negó el amparo solicitado por Aguakan, confirmando la legalidad de la revocación y reconociendo las irregularidades en la prestación del servicio.