Defensa continúa trabajos en Bacalar pese a orden judicial
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa, antes Sedena) mantiene obras en la laguna de Bacalar: labores de dragado, relleno y compactación en la orilla, a pesar de contar con una suspensión definitiva emitida por un juez federal.
Así lo denunció Irma Morales, representante de la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).
La medida cautelar fue otorgada dentro del juicio de amparo interpuesto por DMAS y Proyecto Justicia Común (Projuc), cuyo objetivo es frenar la construcción de una casa de descanso militar frente al cuerpo lagunar.
El Juzgado Primero de Distrito de Chetumal aceptó el 28 de mayo una ampliación de la demanda.
Esta fue resuelta el 6 de junio e incluyó nuevos actos reclamados, señalando como autoridad responsable a la Subdirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Bacalar.
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Acusan falta de permisos y omisiones ambientales
La queja inicial también impugna la exención de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) otorgada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat.
“Con la suspensión definitiva, las autoridades deben detener cualquier obra hasta que se resuelva el fondo del amparo; sin embargo, la Sedena ignora el mandato”, afirmó Morales.
Las organizaciones presentarán un incidente por incumplimiento de la suspensión, respaldado con pruebas fotográficas y videográficas.
La Sedena ha intentado justificar el proyecto bajo el argumento de seguridad nacional, recurso que ya fue rechazado por un tribunal colegiado.
“Es el mismo patrón que vimos en el Tren Maya: desobediencia a las suspensiones y avance de la obra. Ahora ocurre en Bacalar”, señaló la activista.
Exigen frenar las obras en la laguna de Bacalar
DMAS y Projuc denuncian que la obra se realiza sin permisos estatales ni municipales, dentro del área urbana de Bacalar, en un predio de valor histórico y con alto potencial turístico.
“Existían alternativas fuera de la franja lagunar, pero eligieron el sitio con vista directa al agua, afectando un ecosistema frágil”, advirtió Morales.
Las organizaciones exigen la paralización inmediata de los trabajos y la revocación de cualquier autorización otorgada de forma irregular.
También, consideran que el caso ejemplifica una tendencia de vulneración de la legalidad ambiental en proyectos federales.
En los próximos días, el juez del caso determinará si procede imponer sanciones por el desacato a la orden judicial.