Tras la reciente publicación de las modificaciones a las reglas de operación del programa federal La Escuela es Nuestra, el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo) ahora está facultado para supervisar directamente las obras financiadas con estos recursos.

El objetivo es asegurar una correcta aplicación del presupuesto y evitar trabajos de mala calidad, informó Aldo Castro Jiménez, director del organismo.

Participación técnica obligatoria del Ifeqroo

Con esta modificación, los comités de padres de familia ya no podrán ejecutar obras sin intervención técnica.

Será obligatoria la participación de ingenieros del Ifeqroo para verificar la adecuada inversión de los recursos, que pueden alcanzar hasta 500 mil pesos por plantel educativo.

“En años anteriores se registraron irregularidades en algunas escuelas, debido a la libertad con la que operaban los comités para ejercer el presupuesto".

"Detectamos deficiencias en los materiales, errores en la construcción de salones, techumbres y mantenimiento general”, explicó Castro Jiménez.

Obras deficientes fueron demolidas

Como consecuencia de estas fallas, en varios casos se tuvo que demoler estructuras mal construidas, como techos de baja calidad, los cuales fueron reemplazados por domos nuevos con financiamiento estatal, dentro de la estrategia educativa promovida por la gobernadora Mara Lezama.

Ifeqroo dispuesto a corregir errores del pasado

Aunque la responsabilidad de las obras defectuosas recae en los comités escolares, el Ifeqroo expresó su disposición para colaborar en la corrección de errores, sobre todo en aquellas construcciones que representen un riesgo para la comunidad escolar.

“El propósito no es culpar, sino corregir y mejorar. Si un comité detecta problemas estructurales, puede solicitar apoyo técnico y acompañamiento. Lo importante es que la infraestructura escolar sea segura y funcional para los estudiantes”, agregó Castro Jiménez.

Estas nuevas medidas buscan establecer mayor control técnico y asegurar que cada peso invertido en infraestructura educativa se traduzca en espacios seguros, dignos y duraderos para el aprendizaje, evitando que la falta de conocimientos técnicos comprometa la calidad de las obras.