Mientras a nivel nacional el Instituto Nacional Electoral (INE) debate la validez de candidaturas por no cumplir con requisitos académicos, en Quintana Roo el proceso de elección de jueces y magistrados transcurrió sin considerar este criterio.

Así lo reconoció el consejero electoral Adrián Amílcar Sauri, del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), quien señaló que la verificación del historial académico no fue responsabilidad del órgano electoral.

Ieqroo se deslinda de la revisión académica

Sauri, también presidente de la Comisión de Comunicación Social del Ieqroo, explicó que la revisión de los promedios académicos quedó a cargo de los Comités de Evaluación designados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Aclaró que el instituto únicamente recibió los listados con los nombres aprobados por dichos comités y se limitó a cargar los perfiles de los aspirantes en la plataforma Conóceles, bajo responsabilidad de cada participante.

No obstante, el consejero confirmó que el Ieqroo sí verificó que los candidatos no tuvieran antecedentes por violencia ni adeudos alimentarios.

“Ya aprobamos el cuadro de resultados y se entregaron las constancias de mayoría”, afirmó.

Detalló también que ninguno de los 117 seleccionados figura en registros por violencia de género ni incumplimiento de obligaciones alimentarias, según información de la Fiscalía, el INE y el Registro Civil.

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Proceso extraordinario con reglas diferentes

El proceso de selección se dividió en dos fases:

  • Primera fase: evaluación curricular, con 40% de valor en méritos académicos, 30% en experiencia y 30% en honestidad. Se requería un puntaje mínimo de 80%.
  • Segunda fase: entrevistas personales ante los comités evaluadores.
    La etapa final consistió en una insaculación pública para garantizar la paridad de género.

El registro de aspirantes tuvo lugar del 15 al 24 de febrero. Aunque ya se entregaron las constancias a los seleccionados, la consejera presidenta Rubí Pacheco Pérez recordó que el proceso aún está en etapa de impugnaciones.

“Nosotros sólo damos trámite, pero quien resuelve es el Tribunal Electoral. El proceso concluirá el 31 de agosto, ya que el 1 de septiembre las personas electas tomarán protesta”, puntualizó.

Impugnaciones por posible inelegibilidad

Hasta el cierre del plazo para impugnaciones, el pasado lunes, se habían presentado dos recursos legales.

Uno señala directamente a José de la Peña Ruiz de Chávez y José Raúl Gala Muedano, por no cumplir con el requisito constitucional de contar con al menos cinco años de experiencia profesional en el área jurídica.

Según sus currículums, Gala Muedano solo ha trabajado en notarías, mientras que De la Peña ha ocupado cargos como diputado, regidor y funcionario estatal, sin experiencia judicial ni ejercicio profesional del Derecho.

“Los candidatos que no cumplen con los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución local son José Raúl Gala Muedano y José de la Peña Ruiz de Chávez”, indica uno de los juicios en trámite ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo).

El segundo recurso impugna todo el proceso, argumentando violaciones a principios rectores en materia electoral.

Requisitos oficiales omitidos

La convocatoria pública, emitida el 14 de febrero de 2025, establecía requisitos claros para los aspirantes:

  • Promedio mínimo de 8.0 en la licenciatura en Derecho y 9.0 en estudios afines al cargo.
  • Experiencia profesional mínima de cinco años.
  • Buena reputación.
  • Nacionalidad mexicana por nacimiento.
  • No tener antecedentes de violencia política ni ser deudor alimentario.

Sin embargo, no existe evidencia pública de que se haya verificado el cumplimiento de los promedios académicos.

Esta omisión ha generado inquietudes entre sectores ciudadanos que exigen mayor transparencia en la designación de servidores públicos del Poder Judicial.