La Ley de la Guardia Nacional, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados, transforma a este cuerpo de seguridad en una fuerza permanente de carácter militar bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Asimismo, la nueva legislación busca fortalecer las capacidades operativas y administrativas de la Guardia Nacional, redefiniendo su estructura, atribuciones y coordinación con los estados.

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Guardia Nacional: fuerza permanente y bajo control militar
Con esta nueva ley, la Guardia Nacional queda integrada formalmente a las Fuerzas Armadas, conformada por personal del Ejército, la Fuerza Aérea y civiles de confianza con formación policial.
Se establece una jerarquía comandada por un General de División, quien será designado por el Presidente de la República a propuesta de la Sedena.
Entre sus principales funciones destacan la prevención de delitos, labores de inteligencia, operaciones encubiertas, verificación de infracciones administrativas, recolección de datos en espacios públicos y colaboración directa con el Ministerio Público para la investigación de delitos.
Todas estas acciones deberán ejecutarse bajo supervisión judicial, respetando los derechos humanos.

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Reforma integral al marco legal de seguridad
La aprobación de esta ley conlleva reformas profundas a diversas leyes y códigos militares.
Se modifican la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Ejército y Fuerza Aérea, el Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales, incorporando a la Guardia Nacional dentro de la estructura de la Fuerza Armada Permanente.
Además, se asegura que sus elementos gocen de seguridad social, reglas claras para ascensos y disciplina conforme a la legislación castrense.
Su formación profesional se actualizará con un nuevo enfoque en educación policial, derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad.

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Ley de la Guardia Nacional protegerá recursos naturales
Uno de los aspectos innovadores de la Ley de la Guardia Nacional es su incorporación a la protección del medio ambiente.
El dictamen permite que la corporación actúe, en coordinación con autoridades ambientales, para prevenir y combatir delitos ecológicos como la tala ilegal, el tráfico de especies y la contaminación de ecosistemas.
Este enfoque también busca hacer frente a los delitos ambientales vinculados con el crimen organizado.
Finalmente, la ley establece que la actuación de la Guardia en estos casos deberá guiarse por principios de colaboración interinstitucional y respeto a los derechos humanos, fortaleciendo la vigilancia en áreas naturales protegidas y zonas forestales.