A pesar de que dos juzgados federales ordenaron dejar sin efecto el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) 2022-2030 de Cancún por violaciones legales y ambientales, este instrumento de planeación urbana sigue vigente debido a recursos de revisión promovidos por el Ayuntamiento de Benito Juárez, lo que impide que las sentencias adquieran firmeza.
Antonella Vázquez Cavedon, representante de la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), explicó que los fallos del Juzgado Segundo y del Juzgado Quinto de Distrito —emitidos en 2023 y mayo de 2024 respectivamente— invalidaron el PDU por irregularidades graves, entre ellas, la omisión de una consulta pública real y la autorización de usos de suelo en zonas de conservación como humedales y manglares.
“Técnicamente el PDU sigue vigente porque el municipio metió recursos de revisión. Siguen pateando el balón para evitar una sentencia firme”, señaló Vázquez.
Justicia ordenó rehacer el PDU de Cancún
Ambas sentencias coinciden en que el PDU tiene vicios de origen y ordenan repetir su aprobación mediante un proceso transparente y con participación ciudadana efectiva. Sin embargo, el municipio ha desestimado las órdenes judiciales argumentando que sí hubo consulta, algo que las resoluciones contradicen con base en los peritajes presentados.
La activista enfatizó que incluso se han detectado traslapes entre usos de suelo autorizados y zonas protegidas, lo que invalida múltiples permisos otorgados para desarrollos turísticos y comerciales en ecosistemas frágiles.
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Exigen nuevo PDU con enfoque ambiental y técnico
DMAS y otras organizaciones civiles exigen que se inicie, sin más demoras, la elaboración de un nuevo Programa de Desarrollo Urbano que respete los derechos colectivos, los recursos naturales y el patrimonio público.
Proponen que este nuevo instrumento se construya con base en estudios técnicos, el Atlas de Riesgo, el Plan de Movilidad Urbana y la participación activa de expertos ambientales y de la ciudadanía.
“El PDU actual pone en riesgo las pocas playas públicas que quedan en Cancún y favorece el desarrollo privado por encima del bien común”, denunció Vázquez.
Derechos constitucionales violados
Además de los impactos ambientales, los tribunales federales concluyeron que el ayuntamiento violó derechos constitucionales, particularmente el derecho a la información ambiental y a la participación ciudadana, lo que refuerza la ilegalidad del actual PDU.
DMAS anticipa que continuará la presión social y legal hasta que se garantice el cumplimiento de las resoluciones judiciales y se restablezca la legalidad en el ordenamiento urbano de Cancún.
Consulta el PDU 2018-2030 aquí ➡️ https://lc.cx/uz4DSO