Todo comenzó con un archivo. Un nombre de usuario, una IP, una carpeta compartida. Así fue como una alerta silenciosa enviada desde una discreta oficina en Estados Unidos encendió la mecha de una investigación.

Nadie lo vio venir. En su entorno, Abel N era casi invisible. Vivía en una casa modesta en Cancún, un hombre reservado. Pero lo que sucedía tras la pantalla de su computadora era, según las autoridades, aterrador: más de mil 500 archivos con pornografía infantil, algunos originales, otros descargados, pero todos parte de una red internacional que está siendo desmontada pieza por pieza.

Todo se activó con un aviso del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés). La agencia estadounidense detectó material perturbador alojado en un servidor europeo, compartido a través de un usuario mexicano.

Las imágenes no dejaban dudas: se trataba de menores de edad, algunos de apenas dos años de edad. El rastro digital apuntaba a una cuenta que, al ser analizada por el área cibernética de la Fiscalía de Quintana Roo, coincidía con una IP en Cancún.

Durante semanas, el equipo de delitos cibernéticos trabajó en silencio. Se cruzaron bases de datos, se emitieron solicitudes internacionales, y el cruce con otras carpetas reveló algo que heló la sangre de los investigadores: mil 839 menores identificados en los archivos.

No era un simple consumidor; Abel N era un nodo activo. Había editado videos, modificado metadatos para ocultar rastros, y compartido material con otros usuarios en la dark web.

Las pruebas eran suficientes. La Fiscalía Especializada en Trata pidió una orden de aprehensión. Pero cuando llegaron a su casa, ya no estaba.

Gracias a un rastreo de conexiones recientes, se le ubicó en Aguascalientes, donde vivía bajo otro nombre, con documentación falsa.

Hoy Abel N está bajo custodia, esperando que un juez determine su destino. Pero las investigaciones no se detienen. Las autoridades ya buscan a quienes recibieron sus archivos.

Hay pistas en otros países: Argentina, Colombia, incluso en España. Y, según una fuente directa de la Fiscalía, existe la sospecha de que algunos materiales podrían haber sido producidos en suelo mexicano, en lugares aún no identificados. Las autoridades siguen investigando.

Lo que nadie debe olvidar es que detrás de cada archivo hay un niño, una niña, que merece justicia.

Pero este caso, aseguran los agentes, es distinto. “No es un simple consumidor”, dijo una fuente. “Es un generador de contenido, un productor, un distribuidor. Tenía logística. Tenía método”.

Este caso no es aislado. La Fiscalía General del Estado ha rescatado 582 víctimas de trata, de las cuales 88 eran menores. Entre ellas, 434 mexicanas y 148 extranjeras. Se han ejecutado 101 cateos, se han iniciado 254 carpetas de investigación y hay 84 detenidos tras las rejas. Son cifras que retratan una realidad brutal… pero también una respuesta firme.

Detrás de estos avances hay una estrategia de Estado. La gobernadora Mara Lezama ha insistido, una y otra vez, en que la lucha contra la trata es prioridad. Bajo su administración, las campañas de prevención se intensificaron, los operativos se duplicaron y los resultados empiezan a verse.

En sus giras, ha señalado que “Quintana Roo no puede ser un paraíso para el turismo y un infierno para las mujeres, niñas y niños”.

Se investiga si Abel contaba con cómplices dentro del sector turístico.