A dos semanas de su entrada en vigor, la Ley Silla marca un precedente en la protección de los derechos laborales en México.

Esta reforma a la Ley Federal del Trabajo obliga a los empleadores a proporcionar sillas con respaldo y zonas de descanso adecuadas a los trabajadores cuyo puesto lo permita, con el objetivo de mejorar sus condiciones durante la jornada laboral.

Sin embargo, en el Caribe mexicano, el cumplimiento de esta disposición avanza lentamente.

De acuerdo con José Carlos Olvera Silveira, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe Mexicano, el sector aún se encuentra en una etapa de adaptación.

“Personalmente encuentro sentido en que las personas tengan la oportunidad de descansar, sobre todo en aquellos trabajos donde se tiene que estar parado muchas horas”, expresó el dirigente.

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La Ley Silla ya está en vigor, pero no en todas las empresas

Aunque la Ley Silla fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2024 y entró en vigor el 17 de junio de 2025, su aplicación en muchos establecimientos aún es limitada.

Supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias, restaurantes y centros de atención telefónica deben acatar esta nueva obligación.

Sin embargo, aún no se observa una transformación generalizada en los espacios laborales.

La reforma contempla sanciones que van desde 250 hasta 2,500 veces la UMA, así como la posibilidad de suspender operaciones en casos graves o reincidentes.

A pesar de ello, es evidente que la implementación enfrenta resistencia o falta de preparación en algunos sectores.

El sector empresarial busca gradualidad para nuevas reformas laborales

Olvera Silveira señaló que la adecuación a la nueva norma será paulatina y dependerá del contexto particular de cada centro de trabajo.

“La oportunidad de tener un descanso es adecuada, con sus casos particulares. Será un proceso de adaptación gradual”, reiteró.

Además, anticipó que el próximo 7 de julio, Quintana Roo será sede de un foro nacional organizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

En este, se discutirá la posible implementación de una jornada laboral de 40 horas semanales, tema que genera amplio debate en el país.

Equilibrio entre derechos laborales y productividad turística

Ante este escenario, el líder del CCE recalcó que es fundamental tomar en cuenta la voz del sector turístico, pilar económico de la región.

"Lo que se está sugiriendo es que la ley tenga gradualidad para entrar en vigor, además de encontrar flexibilidades en diversos aspectos de cómo funciona hoy y a futuro”.

Olvera concluyó que el Caribe Mexicano, por su alta dependencia del turismo, requiere esquemas laborales que permitan conciliar la productividad con el respeto a los derechos de las y los trabajadores.

El foro será una oportunidad clave para plantear estas necesidades ante las autoridades federales.