Cuando Martha se despidió abruptamente de su esposo a principios de julio, no solo perdió al padre de sus hijas, sino también el sustento que sostenía su hogar. Detenido por la policía de inmigración cerca de Los Ángeles, el único ingreso familiar desapareció de golpe, empujándola al borde del desamparo.
“Él era el pilar de la familia, el único que trabajaba”, explica Martha, una mujer mexicana de 39 años que, por seguridad, prefiere ocultar su verdadera identidad.
Hoy, con dos niñas pequeñas y un empleo nocturno en una fábrica que apenas le permite cubrir lo básico, enfrenta una rutina extenuante: tres horas de sueño, cuentas por pagar y una incertidumbre que crece día con día.

Alquileres inalcanzables y miedo constante
El caso de Martha no es aislado. En el condado de Los Ángeles, donde un tercio de la población es inmigrante, la combinación entre la crisis de vivienda y la ofensiva migratoria ha creado una tormenta perfecta. El pequeño departamento de 65 m² que habita en Buena Park cuesta 2,050 dólares mensuales. Un monto que, con salario mínimo, resulta casi impagable.
Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), intensificadas desde junio, han tenido un efecto devastador. Más de 2,200 personas fueron arrestadas solo ese mes; el 60% no tenía antecedentes penales. Los operativos incluyeron ferreterías, lavaderos de autos y hasta paradas de autobús, generando terror entre trabajadores indocumentados.
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“No solo los que detienen sufren, también los que quedan atrás”
Andrea González, subdirectora del Centro de Trabajadores CLEAN, describe la situación como una emergencia. “No se trata solo de los detenidos, sino de quienes permanecen libres y viven con miedo. Muchos no regresan a trabajar. La preocupación es que terminen en la calle”.
Su organización ha invertido más de 30,000 dólares para ayudar a unas 20 familias con el pago del alquiler. Sin embargo, sostiene que el problema está lejos de resolverse: “Es insostenible. No alcanzamos a cubrir todo lo que se necesita”.

Propuestas de ayuda insuficientes ante la magnitud de la crisis
Ante esta realidad, líderes demócratas del condado y la ciudad de Los Ángeles intentan implementar programas de apoyo financiero. Se habla de fondos especiales financiados por donaciones privadas, destinados a entregar tarjetas con “unos pocos cientos” de dólares por familia.
Pero González advierte: “Esas ayudas a veces ni siquiera cubren el 10% de la renta. Se necesita una moratoria de desalojos como la que se aplicó durante la pandemia”.
El riesgo de un repunte en la población sin hogar
Con más de 72,000 personas sin hogar actualmente en Los Ángeles, y después de dos años de ligeros descensos, las condiciones están dadas para un nuevo aumento. Martha, María y cientos de mujeres como ellas enfrentan no solo la pérdida de sus parejas o sus ingresos, sino también la amenaza de ser expulsadas de sus hogares.
María Martínez, estadounidense de 59 años, vive esa angustia desde que su esposo fue arrestado en Pomona. Su pensión por discapacidad no cubre el alquiler de 1,800 dólares. “Es estresante. Apenas sobrevivimos”, confiesa.
La emergencia ya comenzó
Para muchas familias latinas, la crisis migratoria ya no es solo un tema legal o político. Es una lucha diaria por comer, por pagar la renta, por no perder el techo que las cobija. Y mientras no haya soluciones estructurales y apoyo real, la tormenta seguirá avanzando.