El Congreso de Quintana Roo aprobó recientemente un decreto que permite el refinanciamiento de una deuda por más de 279.5 millones de pesos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
Sin embargo, esta decisión no fue unánime: el diputado del PAN, Ángel Álvarez Cervera, votó en contra, alegando falta de claridad sobre las condiciones del crédito.
“No hay certeza sobre el costo total ni los plazos”
Álvarez Cervera explicó que la deuda original, contratada durante el gobierno de Roberto Borge, estaba programada para pagarse hasta 2030.
No obstante, solo se ha cubierto la mitad del monto, sin que se haya informado públicamente qué sucedió con el resto ni cómo se cubrirá el nuevo financiamiento.
El legislador advirtió que la reestructura podría implicar un sobrecosto de entre 50 y 100 millones de pesos, aunque no se ha detallado cuánto terminará pagando el gobierno estatal en total.
También criticó la posibilidad de que los plazos puedan modificarse nuevamente, lo que incrementaría la incertidumbre financiera.

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Recursos públicos de futuras administraciones, en riesgo
Según la información entregada al Congreso, el nuevo acuerdo establece que, en caso de incumplimiento de pago, la garantía recaerá sobre el 2% de las participaciones federales que recibe Quintana Roo.
Esto, advirtió el diputado, compromete recursos públicos de administraciones futuras, sin una estrategia clara de cómo se solventará el adeudo.
Además, cuestionó la capacidad financiera de la CAPA en Quintana Roo para afrontar el nuevo compromiso:
“CAPA no tiene la solvencia para cubrirlo, lo que implicaría que el Gobierno del Estado absorba los pagos”.
La denuncia del legislador pone sobre la mesa un tema sensible: la gestión de la deuda pública y la transparencia en el uso de los recursos estatales, en un contexto donde se insiste en que no se contratarán nuevas deudas.