El daño ambiental en la península de Yucatán por la devastación de más de 2,600 hectáreas de selva ha detonado procesos legales y posibles desalojos contra comunidades menonitas asentadas en la región.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció que interpondrá siete denuncias penales por cambios de uso de suelo sin autorización en zonas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
Coordinación para atender el daño ambiental
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, afirmó que su administración trabaja junto con Profepa y autoridades federales para atender el impacto ambiental, con el objetivo de garantizar un desarrollo sostenible y proteger el entorno natural de la región.
Operativos y clausuras en tres estados
Según datos de la Profepa, se realizaron seis operativos especiales:
- Dos en Calakmul y Hopelchén, Campeche
- Dos en Tekax, Yucatán
- Dos en José María Morelos y Othón P. Blanco, Quintana Roo
El resultado fue la clausura de siete predios: dos en Campeche (702 hectáreas afectadas), dos en Yucatán (606 hectáreas) y tres en Quintana Roo (1,300 hectáreas).
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Desalojos y restauración de predios
El secretario de Medio Ambiente de Quintana Roo, Óscar Rébora Aguilera, informó que se preparan más denuncias y desalojos en Bacalar, respaldados por sustento jurídico.
También se diseña una estrategia para restaurar los predios dañados, aunque advirtió que el uso de pesticidas altamente agresivos por parte de las comunidades complicará la recuperación del suelo.
Desde la pasada administración federal, se mantiene una mesa de atención con los tres niveles de gobierno. Una de las primeras acciones fue asegurar un predio afectado mediante clausura oficial. La reunión más reciente se realizó el 8 de agosto.
Vigilancia en zonas críticas de Quintana Roo
En el estado, los desmontes ilegales se concentran en José María Morelos, Othón P. Blanco y Bacalar. Las autoridades afirman que mantendrán la vigilancia y la aplicación estricta de la ley para evitar nuevos daños a la selva.