Durante 11 cateos en Quintana Roo, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a cinco personas y aseguró diversas sustancias con características de drogas.

A través de un comunicado, la FGE indicó que las acciones se realizaron de forma simultánea, en coordinación con fuerzas federales y municipales en Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto y Tulum.

Los cateos en Quintana Roo

Operativos en Benito Juárez

En Cancún se ejecutaron cinco cateos en inmuebles ubicados en las Supermanzanas 77, 91, 101, 251 y 315.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron paquetes con hierba verde similar a marihuana, gomitas y frituras presuntamente elaboradas con cannabis.

Asimismo, se hallaron pastillas, cigarros electrónicos con posible cannabis y una sustancia sólida cristalina.

Detenciones en Felipe Carrillo Puerto

En este municipio se realizaron cinco cateos, principalmente en la localidad de Chunhuhub.

Ahí fueron detenidos cuatro hombres y una mujer por presunto narcomenudeo:

  • Jesús Alexander “N” y Fernando Israel “N” fueron capturados cerca de un restaurante-bar sobre la carretera Chunhuhub–Pedro Antonio Santos, señalados como supuestos distribuidores de droga vinculados a un grupo criminal de la zona sur.
  • Limbert “N”, Elder Orlando “N” y Regina Estela “N” fueron detenidos cerca de una vulcanizadora, también acusados de formar parte de una red de distribución en el poblado.

En estas acciones se aseguraron paquetes de hierba verde similar a marihuana, polvo blanco parecido a cocaína y otra sustancia blanca con características de cocaína.

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Cateo en Tulum

Aparte, en la colonia Centro de Tulum, las fuerzas del orden aseguraron hierba verde con características de marihuana y fragmentos sólidos color blanco similares a cocaína.

Inmuebles asegurados y proceso legal

Al concluir los operativos se colocaron sellos de aseguramiento en los 11 inmuebles intervenidos.

Estos quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General para los procesos conducentes.

Además, los cinco detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición de la autoridad competente que definirá su situación jurídica en el plazo constitucional establecido.