Las reformas urbanísticas recientemente aprobadas por el pleno de la XVIII Legislatura de Quintana Roo contienen disposiciones que son consideradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo.
El representante ciudadano criticó la aprobación de modificaciones a las siguientes normativas:
- Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
- Ley de Acciones Urbanísticas.
- Ley del Equilibrio Ecológico.
- Ley de Derechos del Estado.
Estos cambios se realizaron el pasado 19 de agosto, durante el octavo periodo extraordinario del Congreso local.
Argumentos del Observatorio Legislativo
Aunque estas iniciativas habían sido presentadas desde julio, su análisis se pospuso a la espera de la resolución de la SCJN sobre la controversia constitucional 471/2023, promovida por el municipio de Playa del Carmen (antes Solidaridad).
El máximo tribunal declaró inconstitucional la facultad del Ejecutivo estatal para emitir Constancias de Congruencia Urbanística Estatal, al considerar que vulnera la competencia exclusiva de los municipios en la autorización y vigilancia del uso del suelo, así como en la expedición de permisos de construcción.
Caso omiso a la SCJN
Pese a este fallo, el Congreso aprobó nuevas figuras legales como:
- El Dictamen de Viabilidad en Materia de Acciones Urbanísticas
- Dictamen en Modalidad de Viabilidad Urbanística y Mitigación de Impactos.
En los hechos, estos documentos preservan el control estatal sobre los desarrollos inmobiliarios.
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Cambios, una simulación, según el Observatorio Legislativo
Para Galaviz Ibarra estas reformas, publicadas el 20 de agosto en el Periódico Oficial del Estado, constituyen una “simulación” que perpetúa la inconstitucionalidad.
Además, dijo, establecen cobros adicionales para los desarrolladores.
Sugiere mordaza política
El representante del Observatorio consideró difícil que los municipios promuevan nuevas acciones legales debido a su alineación política con el gobierno estatal y anticipó la eventual intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Votos en contra del PT y MC
Cabe destacar que la reforma se aprobó por mayoría, con 20 a favor y dos en contra de los diputados Hugo Alday Nieto y José Luis Pech Várguez, del PT y MC, respectivamente, en el pleno del Congreso.
Pech Várguez argumentó que las modificaciones mantenían la inconstitucionalidad y que sólo se habían hecho “cambios de semántica” a las que calificó como “una simulación”.
“Esta iniciativa vulnera a la autoridad municipal y da facultad excesiva a la autoridad estatal y además está la afectación de la economía municipal al ya no poder hacer esos cobros”.
Proyectos inmobiliarios, en riesgo
Ante esto, el representante del Observatorio Legislativo cuestionó también el silencio de las cámaras empresariales y advirtió que las disposiciones vigentes pueden frenar proyectos inmobiliarios y limitar la autonomía municipal.
Afirmó que representan un mayor control gubernamental sobre los procesos productivos, contrario a los programas federales que buscan simplificar trámites.