Cristina Torres descarta traslado del Poder Judicial
La secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres, descartó que se vaya a trasladar la sede del Poder Judicial a Cancún. Explicó que constitucionalmente los poderes deben permanecer en Chetumal, capital del estado, y que la gobernadora Mara Lezama ha sido clara en su intención de fortalecer a la ciudad, que por años estuvo en el olvido de administraciones anteriores.
Polémica por el nuevo órgano administrativo
La aclaración surge tras la polémica generada por el anuncio de que el organismo encargado de la gestión de recursos humanos, materiales y financieros del Poder Judicial se ubicaría en Cancún.
Este hecho despertó críticas, ya que podría interpretarse como un traslado de las decisiones administrativas fuera de la capital, donde históricamente han operado las instituciones estatales.
“Es falso totalmente. Recordemos que las sedes de los poderes están a nivel constitucional, no lo decide ningún órgano por sí mismo".
"En ningún momento la gobernadora lo ha dejado en duda: la capital del estado es y seguirá siendo Chetumal”, afirmó Cristina Torres.
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Nueva ley y opiniones encontradas
El traslado fue planteado como una medida para modernizar procesos y garantizar mayor eficiencia.
La decisión se amparó en una nueva ley promovida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Heyden Cebada Rivas.
En dicha normativa, permitió al nuevo órgano establecer su residencia oficial en Cancún.
No obstante, la Constitución de Quintana Roo establece que la residencia oficial de los poderes estatales es la capital, Chetumal.
Esta contradicción ha generado opiniones divididas: mientras algunos sectores consideran que la medida incrementa la centralización y resta cercanía a los usuarios del sistema judicial en el sur, otros la aplauden por los beneficios en eficiencia administrativa.
Cambios en el gabinete estatal
Por otra parte, la secretaria de Gobierno informó que la gobernadora Mara Lezama continúa valorando perfiles para ocupar la Jefatura de la Oficina de la Gobernadora y la dirección del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado (IDEFIN), tras las renuncias de José de Peña Ruiz de Chávez y Ari Adler Brotman, respectivamente.