La revocación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto turístico del cuarto muelle en Cozumel no significa que la obra esté completamente descartada, ya que la empresa promotora aún puede ingresar una nueva solicitud, confirmó el senador Eugenio “Gino” Segura Vázquez.
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Cuarto muelle de Cozumel: Revocación de la MIA
El legislador explicó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anuló el permiso el pasado 11 de septiembre.
Asimismo explicó que lo anterior, en respuesta al recurso de revisión interpuesto por habitantes de la isla.
Además aclaró que los promoventes tienen la posibilidad de presentar una nueva MIA.
La misma que será evaluada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira), conforme al artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
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Participación ciudadana y riesgos ambientales
“La MIA que tenía la empresa queda completamente revocada, pero eso no significa que sea la última instancia. La Semarnat seguirá revisando la problemática de este proyecto para dar una resolución final”, señaló Segura.
Además destacó la importancia de la participación ciudadana en el proceso.
El senador subrayó que el fallo representa un avance para la lucha de los cozumeleños, quienes han advertido sobre los riesgos ambientales y sociales de la obra.
Entre ellos afectaciones al sistema arrecifal y el eventual cierre de la última playa pública de la isla.
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Antecedentes del proyecto y observaciones técnicas
El proyecto, a cargo de la empresa Muelles del Caribe, fue aprobado originalmente en diciembre de 2021.
El aval, como parte del Acuerdo para la Reactivación Económica anunciado en 2020 por el gobierno federal y la iniciativa privada.
La propuesta incluía un muelle en forma de “L” sobre 774 pilotes de acero, con capacidad para recibir cruceros de hasta 362 metros de eslora y 66 de manga.
Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) han señalado que en la evaluación original no se consideró la opinión técnica de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la cual determinó que el proyecto no era congruente debido al alto valor ecológico, social y económico de la zona arrecifal.