Conrado “N” y Trinidad “N”.
Conrado “N” y Trinidad “N” fueron vinculados a proceso por presunta extorsión, en un caso de 2020 en Benito Juárez. Credit: Cortesía. / FGE

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Secuestro y Extorsión, dio a conocer que un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra Conrado “N” y Trinidad “N”, señalados por su presunta participación en el delito de extorsión, en agravio de una víctima cuya identidad se mantiene bajo reserva.

Los hechos iniciaron en 2020

De acuerdo con las investigaciones, a partir de marzo de 2020, Conrado “N” ofreció terrenos a bajo costo en la zona de invasión Bahía Real, en este municipio. La víctima adquirió un lote en la manzana 20, pero desde junio de ese año comenzó a recibir exigencias de cuotas supuestamente destinadas a mejoras en la colonia.

Según la denuncia, cada vez que acudía a cobrar, el imputado lo hacía acompañado de tres sujetos armados, quienes amenazaban y golpeaban a quienes se negaban a pagar.

Exigencias de dinero y amenazas

En julio de 2021, el señalado habría exigido 11 mil 700 pesos por persona a los colonos, bajo la amenaza de despojarlos de sus terrenos en caso de no cubrir la cantidad. Posteriormente, junto con sus escoltas, se presentaba en los predios para intimidar a los ocupantes y volver a poner en venta los lotes.

Participación de Trinidad “N”

A partir de marzo de 2022, Trinidad “N” comenzó a cobrar las cuotas semanales directamente en el domicilio de la víctima, advirtiendo que, si no pagaba, sería desalojado. La mujer también acudía acompañada de dos hombres armados.

Captura y proceso judicial por extorsión

Tras la denuncia presentada, la FGE solicitó y obtuvo del Juez de Control la orden de aprehensión, lo que permitió la detención de ambos imputados.

Luego del análisis de los datos de prueba, el juez consideró que existían los elementos suficientes para dictar auto de vinculación a proceso y determinó como medida cautelar la prisión preventiva, por un periodo de hasta dos años o el tiempo que dure el proceso judicial.