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La empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), mejor conocida como Aguakan, informó que impugnará un crédito fiscal por tres mil 757 millones 846 mil 327 pesos, emitido por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del Estado de Quintana Roo.

El crédito fue notificado el 2 de octubre por la CAPA y su Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF).

Esto, tras una revisión correspondiente al ejercicio social de 2019, en la que el organismo estatal consideró que la empresa se apartó del modelo financiero establecido en el Título de Concesión otorgado en 2014.

Aguakan califica de ilegal el requerimiento de CAPA

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la concesionaria calificó la actuación de CAPA y la DRAEF como “ilegal e irregular”, al señalar que la determinación del crédito contraviene la legislación fiscal del estado y vulnera sentencias firmes emitidas por tribunales competentes.

“CAPA y DRAEF pretenden cobrar una cantidad que no tiene naturaleza fiscal ni constituye contribución a cargo de la empresa. Este requerimiento es inconstitucional y violatorio de las disposiciones fiscales del Estado de Quintana Roo”, indicó la compañía.

Tribunal ya había resuelto controversias previas

Aguakan recordó que el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo resolvió en el juicio 214/2019-SU4-II que las cantidades observadas durante los procedimientos de fiscalización no pueden considerarse contribuciones, ya que derivan del modelo financiero del Título de Concesión y no de una ley formal.

En ese fallo se estableció que dichos montos no deben enterarse al Estado.

Además, la empresa señaló que CAPA y la DRAEF carecen de facultades legales para determinar cantidades derivadas de presuntos incumplimientos al título de concesión.

Dicha situación ya fue declarada ilegal en los juicios administrativos 214/2019-SU4-II y TJA/QR SU3-081-2018, correspondientes a los ejercicios de 2015 y 2016.

La concesionaria prepara su defensa legal

DHC adelantó que acudirá a los medios de defensa legales para impugnar el nuevo crédito fiscal. Reiteró su compromiso con la continuidad del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos, en cumplimiento del derecho humano al agua y en beneficio de la población.