Impunidad en caso de doble feminicidio en Felipe Carrillo Puerto
A siete años del doble feminicidio de una madre y su hija en Felipe Carrillo Puerto, ocurrido el 23 de agosto de 2018, la familia Itzá Cobá denunció que el caso continúa en la impunidad ante la falta de cumplimiento en la reparación del daño y las presuntas irregularidades en el proceso judicial que se sigue en Quintana Roo.
Un crimen que dejó a dos mujeres sin justicia
El feminicidio fue cometido por Jesús Elizama Beh Pech, entonces menor de edad y pareja sentimental de una de las víctimas.
Fue condenado a cinco años de prisión y al pago de 971 mil pesos por reparación del daño.
Sin embargo, al declararse insolvente, la obligación de cubrir ese monto debía recaer en sus padres, Elizama Beh Cituk y Lucy Imelda Pech, de acuerdo con la legislación vigente.
El hecho no solo cobró la vida de dos mujeres, sino que también dejó a una joven de 17 años sin madre ni hermana.
En tanto, su hermano mayor, Carlos Alberto Itzá Cobá, asumió la responsabilidad de su cuidado y manutención.
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Influencia política y obstáculos judiciales
De acuerdo con la familia Itzá Cobá, los padres del agresor —presuntamente vinculados a la política local— habrían utilizado su influencia para evadir el pago de la reparación del daño.
En 2021, Carlos Itzá Cobá presentó una demanda civil (expediente 1021/2021) para exigir el cumplimiento de la sentencia, pero el proceso ha sido obstaculizado por amparos y dilaciones judiciales.
“El responsable ya está libre porque así lo permite la ley, pero el juez civil no ha hecho lo necesario para resolver la demanda. Los padres no quieren asumir su responsabilidad, aunque hay pruebas de que poseen bienes”, declaró Carlos Itzá Cobá.
Intento fallido de embargo
En abril de 2024, la familia intentó embargar un predio a nombre de Elizama Beh Cituk para cubrir la reparación del daño.
No obstante, la solicitud fue rechazada pese a que los registros indicaban que el inmueble seguía a nombre del demandado.
El Registro Público de la Propiedad reportó que el 27 de mayo se registró una compraventa del terreno, lo que —según la familia— impidió ejecutar el embargo.
Además, señalan que la directora de la dependencia, Miriam González Pliego, no ha proporcionado la documentación que aclare el cambio de propietario ni restituido los derechos pagados por el trámite.
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Falta de apoyo institucional
La familia también denunció la falta de acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo (Ceaveqroo).
Julissa, hermana sobreviviente e inscrita en el padrón estatal de víctimas, no ha recibido apoyo jurídico, psicológico ni educativo, pese a su condición de vulnerabilidad.
Señalamientos al Poder Judicial
El proceso civil se encuentra bajo la jurisdicción del juez César Rafael Sandoval Vázquez, titular del Juzgado Civil de Felipe Carrillo Puerto.
La familia lo acusa de dilatar el proceso y de presuntamente favorecer a los padres del agresor.
Los amparos promovidos por los demandados han prolongado la falta de resolución, mientras que la familia afectada continúa enfrentando un impacto emocional profundo ante la ausencia de justicia efectiva.
Llamado al Tribunal Superior de Justicia
Carlos Itzá Cobá hizo un llamado al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Heyden Cebada Rivas, para que supervise el caso y garantice el cumplimiento de la reparación del daño conforme a la ley.
“No buscamos venganza, solo justicia. Han pasado siete años y seguimos esperando que el sistema funcione”.