Persiste deuda del Gobierno de Carlos Joaquín por 1250 mdp
La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno de Quintana Roo continúa el proceso de revisión y recuperación de recursos derivados de irregularidades detectadas durante la administración de Carlos Joaquín González.
Durante su comparecencia ante la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos del Congreso del Estado, la titular de la dependencia, Reyna Valdivia Arceo Rosado, informó que aún quedan 1,250 millones de pesos por solventar de un pasivo total de 7,156 millones heredado del sexenio anterior.
Avances en el saneamiento financiero
Arceo Rosado detalló que la actual administración ha saneado 5,906 millones de pesos, lo que representa un 82.5% del total del pasivo. El resto continúa bajo proceso de revisión y documentación ante los órganos fiscalizadores.
La funcionaria resaltó que el trabajo de la Secretaría se ha enfocado en identificar responsabilidades administrativas y sancionar irregularidades de gestiones pasadas.
En el último año se emitieron 57 resoluciones sancionatorias, entre ellas 34 inhabilitaciones, seis suspensiones, seis amonestaciones y una destitución.

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Fiscalización y control del gasto público
En materia de fiscalización, la Secretaría revisó 71 actos por un monto de 5,174 millones de pesos, relacionados con gasto corriente, adquisiciones, programas sociales e inventarios.
Además, se realizaron 10 auditorías y 14 revisiones de obras y adquisiciones por 1,846 millones de pesos, junto con 213 supervisiones técnicas en 103 obras públicas.
Quintana Roo, entre los estados con menor rezago
Gracias al seguimiento en el manejo de recursos federales, Quintana Roo se colocó en segundo lugar nacional con el menor importe por aclarar en la Cuenta Pública 2023.
En la revisión de la Cuenta 2024, aún en curso, no se registran observaciones pendientes por parte de la Auditoría Superior de la Federación ni de la Secretaría de la Función Pública.
Transparencia y confianza ciudadana
La secretaria Arceo Rosado afirmó que la depuración de pasivos y la aplicación de sanciones forman parte de una política de transparencia y rendición de cuentas que busca fortalecer la confianza ciudadana en el uso de los recursos públicos.