Los juicios promovidos contra el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) 2022 de Benito Juárez han frenado su actualización; la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano se ha declarado impedida para emitir un nuevo programa de ordenamiento mientras no exista una sentencia definitiva.
De acuerdo con Mónica Huerta Solís, integrante de la asociación civil Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), el Tribunal Colegiado no ha emitido una sentencia definitiva pese a que los recursos de revisión fueron presentados desde 2022.
El conflicto se originó tras la sentencia de un Juzgado Quinto de Distrito en 2023 que declaró inválido el PDU 2022. A esa se sumó otra sentencia en mayo de 2025, la juez del Juzgado Segundo de Distrito revocó el PDU y ordenó al ayuntamiento reponer el proceso al identificar irregularidades en su aprobación, relacionadas con omisiones en materia de participación ciudadana, evaluación de impacto ambiental y legalidad en modificaciones de uso de suelo.
Ante este revés judicial, el ayuntamiento de Benito Juárez interpuso recursos de impugnación para revertir el fallo. Sin embargo, la instancia superior aún no ha emitido resolución.
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Freno judicial mantiene en pausa el PDU
El estancamiento, afirmó Huerta Solís, se agravó recientemente debido al cambio de magistrados en el Poder Judicial, que ocasionó el envío de los expedientes a nuevas ponencias, retrasando aún más los tiempos de resolución.
Mientras tanto, la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano se ha declarado legalmente impedida para emitir un nuevo programa o sustituir el actual. “No pueden actualizar ni aprobar un nuevo PDU mientras no exista una sentencia definitiva, porque cualquier acto administrativo podría ser considerado una violación al debido proceso”, advirtió la integrante de DMAS.
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Riesgos de mantener vigente el PDU actual
Añadió que esta situación genera incertidumbre jurídica, pues se siguen otorgando licencias y permisos de construcción basados en un instrumento cuya validez está en litigio.
La abogada criticó que el municipio continúe utilizando un programa cuestionado judicialmente como base para decisiones clave sobre ordenamiento territorial. “Se mantiene vigente un PDU que permite densificación intensiva y cambios de uso de suelo en zonas ambientalmente vulnerables, como la franja selvática que conecta con el sistema lagunar Nichupté”, afirmó.
Subrayó que el modelo actual favorece la expansión inmobiliaria sin garantizar suficiencia en infraestructura hídrica, movilidad o servicios públicos.
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Próximos pasos en la actualización
Pese al estancamiento legal, el ayuntamiento ha reconocido que la actualización del PDU no avanzará este año. El síndico municipal, Miguel Ángel Zenteno Cortés, estimó que el nuevo programa podría concretarse hacia el primer semestre de 2026, siempre y cuando se resuelvan primero los procedimientos judiciales relacionados con el documento vigente.
“Me atrevo a decir que no será este año; es un proceso que se tiene que dar conforme a la ley. Ya se está trabajando en la Secretaría de Desarrollo Urbano, pero sin duda no nos da tiempo. Pensamos que hacia el primer semestre de 2026 es alcanzable este margen para concretar la actualización”, señaló.
El funcionario aseguró que el proceso se realizará “con transparencia y participación ciudadana”, y que buscará “ordenar el crecimiento urbano con un enfoque en verticalidad y protección ambiental”.
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Participación ciudadana y sostenibilidad en el PDU
“El PDU de 2022 continúa siendo el instrumento con el que se emiten licencias de construcción, pero el objetivo es corregir errores y evitar controversias futuras en materia de uso de suelo”, explicó.
Adelantó que se realizarán mesas de trabajo con especialistas, desarrolladores, colegios de ingenieros y representantes ciudadanos para “perfeccionar” el nuevo documento. Entre las prioridades, dijo, está proteger la zona sur del municipio por ser un área estratégica de recarga de mantos acuíferos.
En esa región, subrayó, se mantendrá la restricción a los asentamientos irregulares, los cuales ya se atienden mediante acciones conjuntas entre el municipio, la Secretaría de Ecología y dependencias estatales y federales.
“Seguimos privilegiando el crecimiento vertical y cuidando las zonas de reserva, especialmente en el sur, donde tenemos la captación de agua. Esa parte es intocable”, afirmó.
Sin embargo, DMAS y otras organizaciones ambientalistas advierten que la postergación hasta 2026 abre la puerta a que continúe un modelo de urbanización desordenada. “La inacción legislativa y administrativa beneficia a quienes presionan por densificaciones y permisos exprés. No hay visión de largo plazo”, sostuvo Mónica Huerta.
Para DMAS, el litigio del PDU sentará un precedente en la relación entre ciudadanía, Gobierno y desarrollo urbano en Cancún.
“Este caso exhibe las deficiencias de planeación en uno de los municipios con mayor crecimiento poblacional del país y con mayor presión inmobiliaria en áreas ambientalmente sensibles. Si el Tribunal Colegiado confirma la invalidez del PDU, será un llamado de atención para reforzar la vigilancia ciudadana y garantizar procesos legales en materia de ordenamiento”, concluyó.