Jueces de Quintana Roo liberan a imputado por extorsión y violencia familiar
Roger Armando “N”, deportado desde Estados Unidos en septiembre pasado y entregado a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, volvió a evadir la justicia mexicana tras ser liberado por decisión de tres jueces locales.
El hombre era investigado por extorsión, violación a la intimidad personal y violencia familiar en agravio de su expareja, Amelia Cen Hoy, quien denunció que el proceso judicial estuvo lleno de omisiones e irregularidades.
Fue deportado y entregado por la Interpol
La captura y entrega del imputado fueron resultado de más de dos años de trabajo coordinado entre la FGE de Quintana Roo, la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Interpol, implicando un alto costo en recursos públicos.
Sin embargo, tras su deportación y entrega a las autoridades mexicanas, el juez de oficio oral Eddie Israel Canul Rodríguez modificó la medida cautelar el 26 de septiembre, aun cuando el amparo del acusado no había causado ejecutoria.
Posteriormente, las juezas Ana Graciela Vidal Pérez y Ana Elizabeth Hoy Duk autorizaron su liberación el 3 de octubre, sin notificar previamente a las víctimas ni esperar la resolución definitiva.
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Denuncian revictimización e impunidad
“Nos enteramos por terceros de que el acusado ya estaba libre, lo vieron paseando en la plaza".
"Es inaceptable que se ignore la ley cuando se trata de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”, declaró Cen Hoy.
También, acusó una revictimización institucional por parte del sistema judicial.
Tras la presión social generada por la difusión del caso, los jueces notificaron al acusado que debía presentarse voluntariamente ante las autoridades.
No obstante, no acudió y ahora está prófugo nuevamente.
Piden investigar actuación judicial
“Por incompetencia de los jueces, el señor volvió a escapar. Temo por mi seguridad y la de mis hijos”, advirtió Cen Hoy.
La víctima solicitó la intervención de la gobernadora Mara Lezama, del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía estatal para investigar la actuación de los jueces y garantizar justicia.
“Este caso debe marcar un antes y un después. No podemos permitir que la impunidad siga siendo la regla en Quintana Roo”, concluyó.