Abuso infantil: que el tiempo no silencie la justicia
La valentía de Natalia Carrillo Perea y las otras víctimas del caso del colegio ECAB merece más que reconocimiento: exige justicia.
Han pasado más de tres décadas desde que, siendo niñas, sufrieron presuntamente abusos sexuales por parte de un profesor protegido por el poder institucional. Hoy, enfrentan no solo el dolor de recordar, sino el riesgo de que el delito prescriba por tecnicismos legales. ¿Cómo puede el sistema permitir que el tiempo borre crímenes que marcan de por vida?
El abuso infantil no caduca. Las secuelas emocionales, psicológicas y sociales persisten, y el silencio impuesto por el miedo y la vergüenza no debe convertirse en impunidad.
El juez tiene en sus manos la posibilidad de dignificar la lucha de estas mujeres y enviar un mensaje claro: en Quintana Roo, la justicia no se rinde ante el calendario. Que este caso no sea desestimado. Que el sistema escuche, actúe y repare. Porque el abuso infantil no prescribe. Nunca. ¿Será?
Trabajo y desaparición, una herida abierta
La localización con vida de tres trabajadores nayaritas en Quintana Roo es una noticia que alivia, pero no basta. La privación ilegal de la libertad que sufrieron, junto con otros seis compañeros, revela una realidad alarmante: en México, buscar empleo puede convertirse en una sentencia de desaparición.
La Fiscalía debe esclarecer los hechos con celeridad y transparencia. No basta con encontrarlos: hay que garantizar justicia, reparación y garantías de no repetición.
El silencio sobre las condiciones en que fueron hallados y la falta de detenidos refuerzan la impunidad. Este caso no puede archivarse como una excepción. Es reflejo de un sistema que falla en proteger a quienes solo buscan trabajar. La violencia no distingue origen ni oficio. Y el Estado debe responder. ¿Será?
Extorsión, ley urgente, pero aún incompleta
La propuesta de Ley General contra la Extorsión es un avance legislativo necesario, pero aún insuficiente. Tipificar este delito con un enfoque integral y perseguirlo de oficio son pasos valiosos, especialmente en un país donde el miedo paraliza a las víctimas. Sin embargo, los vacíos operativos señalados por el Observatorio Legislativo de Quintana Roo no son menores: ¿quién investiga, el MP federal o estatal? ¿Cómo se protege realmente a quienes denuncian?
La inclusión de extorsión en el catálogo de delincuencia organizada y el refuerzo en reclusorios son medidas urgentes, pero requieren recursos y voluntad política. Más preocupante aún es la posibilidad de que pruebas se anulen por errores procesales o que se permita el ingreso a domicilios sin orden judicial. La eficacia no debe atropellar los derechos humanos.
La ley debe blindar a las víctimas, no solo castigar a los agresores. Sin claridad operativa, el riesgo es que la extorsión siga ganando terreno. ¿Será?