Suspensión no es absolución en el caso Fernández Piña
La suspensión definitiva que obtuvo Laura Fernández Piña para frenar su inhabilitación como funcionaria pública no debe confundirse con una exoneración. El juez ordenó retirar su nombre del registro de sancionados por corrupción, pero el proceso judicial sigue abierto y aún no se determina su responsabilidad. La medida le da un respiro político, pero también pone a prueba la credibilidad institucional.
El argumento de que priorizó salarios sobre aportaciones al IMSS durante la pandemia merece un análisis, pero no puede justificar la opacidad administrativa. La multa de 78.9 millones de pesos y la sanción de 20 años de inhabilitación no son menores.
La ciudadanía merece claridad, no tecnicismos. Que el proceso avance con rigor, sin presiones ni privilegios. Porque la justicia no se mide por suspensiones, sino por sentencias firmes y transparentes. ¿Será?
Justicia tardía, pero necesaria
La vinculación a proceso de dos exfuncionarios por negligencia en el caso de Francisca Mariner es un paso crucial, aunque dolorosamente tardío. Que su cuerpo haya permanecido cuatro años en el Semefo sin ser identificado, mientras su madre la buscaba incansablemente, es una muestra brutal del abandono institucional.
La omisión de pruebas, el ocultamiento de datos y la inacción de los ministerios públicos no son errores: son violencias que perpetúan el sufrimiento de las víctimas.
Este caso no sólo exige justicia para Francisca, sino también para todas las familias que enfrentan un sistema que normaliza la impunidad. La lucha del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo es un ejemplo de resistencia frente a la indiferencia. Vincular a más responsables, incluido el exfiscal Óscar Montes de Oca, será clave para que la justicia no se quede en titulares. Porque cuando el Estado falla, la memoria y la verdad deben prevalecer. ¿Será?
Comercio ambulante en Playa, entre reforma y simulación
Los cambios en la regulación del comercio ambulante en Playa del Carmen son, según el regidor Orlando Muñoz Gómez, un intento por corregir años de distorsión institucional. La transferencia de facultades a Fiscalización promete orden, pero también plantea riesgos si no se vigila su implementación. El señalamiento sobre sindicatos que acaparan permisos y lucran con espacios públicos revela una estructura viciada que traiciona el propósito original: apoyar a quienes más lo necesitan.
Muñoz Gómez advierte que no basta con redistribuir funciones, sino que hay que romper con las prácticas discrecionales que alimentan la corrupción. Si el cambio se convierte en un nuevo coto de poder, será sólo una simulación más. El reto está en garantizar transparencia, equidad y verdadera fiscalización. Porque el comercio en vía pública no debe ser negocio de unos cuantos, sino sustento legítimo para quienes luchan desde la informalidad. ¿Será?