Casa Xibalbá, el fraude que enterró la confianza
El caso de Casa Xibalbá es una herida abierta en Chetumal. Lo que debía ser un acto de amor y despedida se convirtió en una pesadilla para cientos de familias que confiaron los restos de sus mascotas a una empresa sin escrúpulos.
El hallazgo de cuerpos en predios baldíos, urnas con tierra y hornos sin uso revela no solo un fraude, sino una crueldad sistemática que vulnera el vínculo humano-animal.
La indignación ciudadana es legítima. No se trata de solo animales, como algunos minimizan. Se trata de seres queridos, de rituales de duelo, de respeto.
La ausencia de regulación en servicios funerarios para mascotas ha permitido que el dolor se convierta en negocio. Las autoridades deben sancionar con firmeza y empujar una legislación con urgencia. Porque Max, y todos los que fueron desechados como basura, merecen justicia. Y porque la confianza no se incinera: se honra. ¿Será?
Crematorio de mascotas y la grave omisión municipal
El caso del crematorio clandestino Casa Xibalbá no solo revela un fraude doloroso, también exhibe una grave omisión del Ayuntamiento de Othón P. Blanco. ¿Cómo pudo operar durante tanto tiempo un negocio sin licencia, sin señalización y sin supervisión, justo en una zona urbana?
La indignación ciudadana no solo apunta al responsable directo, sino a una administración que falló en su deber de vigilancia.
La reacción tardía del gobierno municipal, aunque necesaria, no borra el vacío regulatorio que permitió el engaño. Las inspecciones, denuncias y brigadas de limpieza llegan después de que decenas de familias fueran defraudadas y cientos de restos animales fueran tratados como basura.
La presidenta municipal Yensunni Martínez Hernández debe asumir que la fiscalización no puede depender de denuncias virales: debe ser constante, rigurosa y preventiva. Porque cuando el Estado no regula, el dolor se privatiza. Y eso es imperdonable. ¿Será?
Uber en aeropuertos: entre la ley y la omisión
La postura de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) sobre Uber en aeropuertos refleja una contradicción institucional que alimenta la incertidumbre.
Aunque un juez federal otorgó una suspensión definitiva que impide sancionar a los conductores, la dependencia insiste en que no están autorizados para operar. El resultado: un limbo legal que deja a usuarios, operadores y autoridades en un juego de interpretaciones.
En lugar de resolver el conflicto, la SICT opta por mantener el statu quo, favoreciendo a gremios tradicionales que han ejercido presión durante años. Mientras tanto, los viajeros enfrentan acoso, desinformación y limitaciones en su derecho a elegir cómo transportarse.
La movilidad no puede seguir siendo rehén de intereses corporativos ni de vacíos normativos. Urge una reforma clara, moderna y justa que regule las plataformas digitales en aeropuertos. Porque la ley debe proteger al ciudadano, no a los monopolios. ¿Será?