Un crimen desnuda la fragilidad institucional
El asesinato del agente ministerial Altamirano Olarte en la Plaza de Toros de Cancún exhibe, una vez más, la vulnerabilidad de las corporaciones de seguridad en Quintana Roo.
Que un funcionario armado y acreditado sea ejecutado a balazos en su día de descanso, frente a testigos y sin que los responsables sean detenidos, refleja el nivel de impunidad y de atrevimiento de los grupos delincuenciales. La Fiscalía, por su parte, se refugia en el hermetismo, incapaz de ofrecer certezas ni siquiera sobre el móvil del crimen.
La versión oficial se limita a revisar cámaras y especular sobre riñas o venganzas, mientras la ciudadanía observa cómo la violencia alcanza incluso a quienes deberían combatirla.
El silencio en la conferencia de la Mesa de Seguridad es tan grave como el ataque mismo: un intento de minimizar un hecho que debería encender todas las alarmas. La pregunta es inevitable: si la Fiscalía no puede proteger ni a sus propios agentes, ¿qué esperanza queda para el resto de la sociedad? ¿Será?
Bacalar: justicia revocada, naturaleza sacrificada
La decisión del Primer Tribunal Colegiado de levantar la suspensión contra la casa de descanso militar en la Laguna de Bacalar es un golpe directo al derecho humano a un medio ambiente sano. El proyecto inició sin Manifestación de Impacto Ambiental, en un ecosistema frágil y único, y aun así dos magistrados recién electos decidieron ignorar precedentes de la Suprema Corte y avalar la obra.
El argumento —que se trata de una “remodelación”— es una burla jurídica, pero suficiente para un tribunal que parece inclinarse más hacia el poder castrense que hacia la Constitución.
El contraste es evidente: mientras un juez de Distrito identificó irregularidades graves y concedió suspensiones definitivas, la nueva integración del tribunal prefirió sacrificar la protección ambiental. Bacalar queda expuesta a la devastación, y la reforma judicial muestra sus primeras consecuencias: órganos terminales ocupados por perfiles sin experiencia que legitiman la impunidad. La justicia se revoca, la naturaleza se condena. ¿Será?
Casa de la Justicia Social, asistencialismo con disfraz de transformación
El diputado morenista Jorge Sanén Cervantes presume que trabaja todos los días para transformar vidas desde la llamada Casa de la Justicia Social. Sin embargo, lo que se presenta como compromiso de la Cuarta Transformación se reduce a la entrega de bastones, andaderas y trámites menores: acciones necesarias, sí, pero insuficientes frente a la magnitud de los problemas que enfrenta Cancún.
La justicia social no se construye con apoyos aislados ni con discursos repetidos, sino con políticas públicas de fondo que ataquen desigualdad, inseguridad y corrupción.
El modelo de Sanén Cervantes parece más un centro de gestoría que un proyecto legislativo serio. Convertir la atención ciudadana en propaganda es una forma de asistencialismo que perpetúa la dependencia y oculta la falta de resultados estructurales.
Cancún necesita soluciones reales, no frases solemnes ni casas temáticas. La justicia social no se decreta, se ejerce con instituciones sólidas y con transparencia. ¿Será?