Capella, del fracaso en Quintana Roo al espectáculo en el Zócalo
La reaparición de Alberto Capella en la protesta de la Generación Z en el Zócalo de la Ciudad de México es un recordatorio incómodo de su paso por Quintana Roo. El exsecretario de Seguridad, importado como “solución” por el gobierno de Carlos Joaquín, dejó tras de sí un saldo de violencia disparada y una corporación debilitada.
Hoy, con sombrero y transmisión en redes, pretende asumir la divisa ciudadana y presentarse como mártir, cuando su gestión fue sinónimo de inseguridad al alza.
Resulta irónico que se sume a una protesta contra la delincuencia, siendo él mismo símbolo del fracaso institucional frente al crimen. Más que compromiso, su presencia parece oportunismo mediático: aprovechar la indignación social para relanzar una imagen desgastada.
La ciudadanía merece líderes que enfrenten la violencia con resultados, no figuras que se refugian en el espectáculo después de haberla agravado. ¿Será?
Legislar la obviedad: la deriva morenista en Quintana Roo
La mayoría morenista en la XVIII Legislatura confirma que su brújula política apunta más al espectáculo que a la sustancia. La diputada Paola Moreno presume como histórica una iniciativa para reconocer el derecho de niñas y niños a crecer en un ambiente sano, cuando ese derecho ya está consagrado en la Constitución. Es decir, legislan lo que ya existe, repiten lo obvio y lo venden como logro.
El patrón es claro: cambiar nombres de instituciones para añadir el epíteto de Bienestar, imponer el Día del Pueblo como ritual populista y reciclar derechos ya garantizados. Mientras tanto, los problemas reales —inseguridad, desigualdad y corrupción, entre otros— siguen sin respuesta legislativa.
La estrategia de ocurrencias busca rédito electoral inmediato, pero deja vacío el trabajo parlamentario. Quintana Roo necesita leyes que transformen, no iniciativas que simulen. ¿Cuándo llegará la verdadera agenda para el pueblo? ¿Será?
Reubicaciones que huelen a encubrimiento
La supuesta red de corrupción en el Imoveqroo, donde licencias de conducir se vendían hasta en mil 800 pesos, fue respondida con un movimiento administrativo que más parece encubrimiento que sanción.
La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, insiste en que no hubo renuncia ni irregularidades, solo ajustes internos, pero la narrativa oficial choca con las denuncias ciudadanas y la desconfianza creciente hacia la dependencia.
Negar la expedición de licencias falsas mientras se reubica discretamente a la responsable es un mensaje claro: proteger cuadros políticos antes que esclarecer responsabilidades.
La invitación a que los ciudadanos lleven sus licencias para verificar es una salida burocrática que evade la raíz del problema: la corrupción institucionalizada. En lugar de transparencia y castigo, se ofrece maquillaje administrativo. Quintana Roo no necesita reubicaciones, necesita justicia real. ¿Será?