Reforma redefine operaciones vulnerables en el mercado inmobiliario
El sector inmobiliario, uno de los más vigilados dentro del sistema nacional de prevención de lavado de dinero, atraviesa una transformación profunda tras la reforma a la Ley Antilavado, aprobada en julio pasado.
Los cambios redefinen qué operaciones son consideradas vulnerables y amplían de manera significativa el alcance regulatorio sobre las transacciones en México.
Quintana Roo, destino atractivo pero bajo escrutinio
Transparencia como ventaja competitiva
Miguel Ángel Lemus Mateos, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Quintana Roo (Adiqroo), señaló que el Caribe Mexicano, por su alta actividad turística y constante flujo de inversión, es un territorio con potencial riesgo para operaciones ilícitas.
No obstante, destacó que el estado ha consolidado una reputación de transparencia y buenas prácticas.
Esto ha permitido el crecimiento sostenido de nuevos desarrollos en distintos destinos.
“En el sector no se aceptan operaciones de contado; toda transacción debe realizarse a través de instituciones bancarias y quedar acreditada a la persona física o moral correspondiente. Hoy, el sistema digital permite verificar la identidad y evitar fraudes”, afirmó.
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Cambios clave: mayor vigilancia y uniformidad regulatoria
Adiós al criterio de habitualidad
Con la reforma, el criterio de habitualidad desaparece: cualquier operación inmobiliaria puede ser clasificada como vulnerable, sin importar si es recurrente o no. Esto establece un modelo más estricto, homogéneo y con mayor capacidad de supervisión.
Más actividades bajo regulación
El desarrollo inmobiliario deja de limitarse a la compraventa. Las actividades destinadas al arrendamiento también quedan incluidas, lo que amplía la trazabilidad de los recursos y fortalece la capacidad de detectar flujos irregulares.
Desarrolladores de Quintana Roo mantienen lineamientos estrictos
Lemus recordó que la Adiqroo —integrada por 40 desarrolladores— opera bajo lineamientos coordinados con los tres órdenes de gobierno y cuenta con áreas legales, fiscales y contables para asegurar el cumplimiento normativo en cada proceso.
Aunque la reforma implica una mayor carga administrativa, agregó que ofrece un marco más claro, predecible y eficaz, lo que fortalece la confianza de los inversionistas y refuerza la integridad del mercado inmobiliario en Quintana Roo.