Tortilla más cara, salario en riesgo
El aumento del precio de la tortilla en Chetumal, de 24 a 26 pesos por kilo —con la posibilidad de que algunos establecimientos lo vendan hasta en 27— es un golpe directo al bolsillo de las familias.
Se trata de un producto básico, indispensable en la mesa mexicana, cuyo encarecimiento refleja la incapacidad de las autoridades para contener la inflación en los insumos y garantizar estabilidad en la canasta básica.
La coincidencia con el anuncio del incremento al salario mínimo evidencia una paradoja: lo que se gana de un lado se pierde del otro. El silencio de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla en Quintana Roo solo agrava la incertidumbre.
Si este ajuste se replica en otros municipios, el supuesto beneficio del aumento salarial quedará diluido en la realidad cotidiana. ¿Será?
Salario mínimo: avance insuficiente
El incremento del 13% al salario mínimo para 2026 parece un avance, pero en realidad es insuficiente frente a una canasta básica que supera los 2,400 pesos.
La brecha entre ingresos y gastos sigue siendo abismal, y mientras se presume un logro, millones de familias continúan atrapadas en la precariedad.
La reducción paulatina de la jornada laboral y la posible ampliación del aguinaldo a 30 días se anuncian como conquistas, pero su implementación gradual y condicionada refleja más cálculo político que verdadera justicia social.
El riesgo de que las micro y pequeñas empresas carguen con la presión económica es evidente, y la promesa de ingresos dignos se diluye en discursos sindicales que no garantizan resultados. ¿Será?
Quejas en Benito Juárez, abuso sin freno
El aumento desmedido de denuncias contra servidores públicos en Benito Juárez, que ya superan las 75 en lo que va del año frente a las apenas 12 de 2024, exhibe un deterioro alarmante en la confianza ciudadana.
El 70% de las quejas recaen sobre policías municipales, acusados de detenciones arbitrarias y abuso de poder, lo que confirma que la autoridad se ha convertido en fuente de miedo más que de seguridad.
Aunque se presume que las cámaras corporales ayudan a esclarecer casos, la realidad es que la violencia institucional sigue creciendo, así como y las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos parecen insuficientes.
La pregunta es si estas denuncias se traducirán en sanciones reales o quedarán enterradas en expedientes burocráticos, perpetuando la impunidad de quienes deberían proteger a la ciudadanía. ¿Será?