Juzgado admite ampliación de amparo contra legislación de Quintana Roo
Un juzgado federal admitió la ampliación de una demanda de amparo presentada por una ciudadana de Puerto Morelos, con acompañamiento de la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS). El recurso impugna disposiciones de la legislación ambiental de Quintana Roo que permiten iniciar proyectos sin autorización previa de impacto ambiental y posteriormente “regularizarlos”.
El Juzgado Noveno de Distrito dio entrada al amparo dirigido contra el Congreso del Estado y sus comisiones de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos, así como de Medio Ambiente y Cambio Climático.
Artículos impugnados permitirían iniciar obras sin evaluación previa
La parte quejosa cuestiona el artículo 39 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de Quintana Roo (Leepaqroo), el cual faculta al Instituto estatal a “regularizar” obras iniciadas sin autorización.
También se impugna el artículo 51 del Reglamento en materia de Impacto Ambiental, que obliga a presentar la manifestación de impacto una vez que el proyecto ya comenzó.
De acuerdo con DMAS, este esquema legal refleja la lógica de “más vale pedir perdón que pedir permiso”, al permitir que desarrollos avancen sin evaluación previa.
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Organización advierte violaciones a principios de prevención y participación ciudadana
DMAS argumenta que estas disposiciones vulneran el derecho constitucional a un medio ambiente sano, pues eliminan los principios de prevención y precaución que sustentan la evaluación de impacto ambiental.
El documento presentado ante el juzgado subraya que dicha evaluación es un instrumento estrictamente preventivo, por lo que debe realizarse antes del inicio de cualquier obra para evitar daños. Permitir regularizaciones posteriores “anula este principio”, señala la organización.
Asimismo, la ampliación del amparo sostiene que estos mecanismos eliminan espacios de participación ciudadana, como consultas públicas o notificaciones oficiales, previstos en la normativa vigente. Al permitir que proyectos avancen de manera irregular, dichos espacios quedarían sin efecto.
Posibles conflictos con la legislación federal
El escrito añade que los artículos impugnados crean un régimen de excepción que contradice los principios de legalidad y seguridad jurídica, al “premiar el incumplimiento de la ley”.
También apunta un posible conflicto con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que no contempla procesos de regularización para obras iniciadas sin autorización.
Congreso deberá rendir informe para defender la constitucionalidad
Como siguiente etapa procesal, corresponderá al Congreso de Quintana Roo presentar su informe justificado para defender la constitucionalidad de los artículos señalados.
La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del estado fue publicada en 2001 y su modificación más reciente ocurrió el 20 de agosto de 2025.