Organizaciones advierten riesgos para el Plan Estratégico de Quintana Roo
La presidenta de Ciudadanos por la Transparencia, Cynthia Dehesa Guzmán, alertó que decisiones tomadas desde el gobierno federal —a las que calificó como una forma de “neocolonialismo”— podrían obstaculizar la correcta implementación del Plan Estratégico para el Desarrollo de Quintana Roo. Recordó que el documento fue construido durante años con la participación de autoridades estatales, municipios, especialistas y organizaciones civiles.
Un proyecto construido con visión de largo plazo
El Plan Estratégico comenzó a elaborarse en la administración anterior, a petición de distintos sectores que buscaban un instrumento de continuidad institucional más allá de los cambios de gobierno. Durante ese proceso, representantes de la sociedad civil y de los poderes públicos integraron mesas técnicas para definir una visión compartida del desarrollo estatal.
Participación conjunta entre gobierno y ciudadanía
Dehesa detalló que la Secretaría de Finanzas y Planeación, asesores especializados y colectivos ciudadanos trabajaron en conjunto para estructurar los objetivos prioritarios del plan. Entre ellos destacan el fortalecimiento del Estado de Derecho y la protección ambiental, considerados fundamentales ante las presiones crecientes asociadas al cambio climático.
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Riesgos ambientales y necesidad de políticas claras
La activista enfatizó que fenómenos como huracanes más intensos, aumento del nivel del mar y pérdida acelerada de ecosistemas obligan a contar con políticas robustas de ordenamiento territorial, prevención de riesgos y conservación ambiental. Señaló que estos desafíos requieren continuidad institucional y procesos de consulta local que garanticen certidumbre.
Decisiones federales, el principal foco de preocupación
Dehesa advirtió que los avances plasmados en el Plan Estratégico se verían debilitados si prevalecen decisiones federales tomadas sin consenso territorial, como ha ocurrido con diversas megaobras en años recientes. Indicó que la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional en proyectos estratégicos desplazó procesos de participación ciudadana y generó impactos ambientales que pudieron mitigarse de haberse planificado con apertura.
Impactos directos en comunidades locales
Afirmó que este tipo de imposiciones limita el diseño de una visión de desarrollo propia y afecta directamente a las comunidades. “No se puede hablar de escuchar al pueblo mientras se imponen proyectos con el uso de fuerzas federales”, expresó.
Llamado a fortalecer la vigilancia social
La presidenta de Ciudadanos por la Transparencia pidió a la ciudadanía recuperar espacios de participación y exigir que las decisiones sobre el territorio se consulten con quienes lo habitan. Aunque el Plan Estratégico está respaldado por la ley, explicó que su continuidad depende de la voluntad política y la supervisión pública.
Dehesa reiteró la importancia de que la población conozca el documento, se apropie de sus objetivos y demande su cumplimiento. Concluyó que el plan no pertenece a un gobierno, sino a la visión colectiva del “Quintana Roo que queremos”, y que solo la colaboración entre instituciones y ciudadanía permitirá un desarrollo respetuoso de la identidad y el futuro del estado.